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Los asesores de Merkel insisten en las quiebras sin salir del euro

Sanear las deudas de los PIIG, pero sin cargarse el euro. Éste es el empeño de Merkel. Un estudio lo confirma.

En Alemania empiezan a descontar que, más tarde o más temprano, alguno de los países clasificados como PIG (cerdo, en inglés) tenga que presentar la suspensión de pagos. Grecia e Irlanda se han salvado, al menos temporalmente, de la quiebra soberana gracias al Fondo de Rescate Europeo de 750.000 milones de euros aprobado el pasado mayo. Sin embargo, aún está por ver que suceda lo mismo con Portugal, España, Italia o Bélgica, candidatos a pasarlas canutas este año por exceso de endeudamiento público.

El profesor Manfred Neumann, del Institut für Internationale Wirtschaftspolitik (IIW), un centro dependiente de la Universidad de Bonn, concedió esta semana una entrevista a la cadena Deutschlandfunk, en el que anticipó algunas de las conclusiones del informe que acaba de presentar al Gobierno de Merkel para tratar de resolver la crisis de deuda en la zona euro.

Neumann, uno de los profesores de economía más prestigiosos del mundo, insiste en la necesidad de que los países quiebren en el seno de la Unión Monetaria. No obstante, es partidario de "bancarrotas controladas", tal y como sostiene la propia Merkel, en las que "los acreedores tendrían que renunciar a parte de lo prestado". Es decir, aplicar reestructuraciones de deuda mediante quitas y aplazamiento de pagos en los bonos.

El informe realizado por el profesor gira en torno al siguiente eje: cuando un estado se encuentre al límite hay que "decirle que vaya a la bancarrota porque, en última instancia, es mejor para los inversores". Neumann parte del hecho que no se produciría un default masivo al estilo del de ciertos países del tercer mundo, es decir, que el estado en cuestión se comprometería a pagar aunque menos y en otros plazos. Neumann lo explica del siguiente modo: "Por ejemplo, el Estado griego deviene insolvente, entonces hay que decir a los inversores involucrados que, de los 300.000 millones que les debe, quiten un 10% y se queden en 270.000 para, luego, reprogramar su pago".

La creencia generalizada es que, de suceder algo así, el euro naufragaría irremediablemente. Pero Neumann tiene confianza en la moneda única. La divisa "se devaluaría un 3% o un 4%, pero eso no es una tragedia". El país afectado no tendría, además, que abandonar la moneda única que, en palabras del profesor, no es más "que una moneda común que, además, es hoy más fuerte que hace diez años". Para Neumann no existe crisis monetaria alguna sino simple y llanamente un "problema de deuda pública".

Hasta el momento, lo único que las autoridades comunitarias están alimentando mediante el Fondo de Rescate es una espiral de endeudamiento público insostenible. Los gobiernos piden prestado para pagar anteriores deudas (refinanciación).

Neumann, sin embargo, cree que si se dejase quebrar a un solo país el problema se acabaría en el acto. "Si no hacemos nada en la UE, si no observamos reglas claras ahora, en los próximos 10 ó 15 años se otorgarán más y más créditos y la reprogramación deberá ser más larga. Esto es ciertamente lo que no queremos".

La clave de todo el asunto radica en cómo decirle a un gobierno que se acoja a una "bancarrota controlada" y asuma todo el descrédito político que le supondría. Neumann cree que debe hacerse por obligación y desde la propia UE. Si un estado ve cómo le cortan el grifo y, al poco tiempo –si no inmediatamente–, ese mismo grifo deja de fluir para el sector privado, al gobierno no le quedará otra alternativa que acogerse al plan de quiebra y, sobre todo, dejar de endeudarse.

El economista considera que su planteamiento es el adecuado porque beneficiaría al euro y al contribuyente europeo (sobre todo, germano), que es a costa de quien se están haciendo los multimillonarios rescates de Grecia o Irlanda. Pese a ello, Neumann no ve factible la puesta en práctica de este tipo de medidas hasta, por lo menos, mediados de 2013. Hasta entonces, seguiría vigente el actual paracaídas, tal y como ya ha acordado Bruselas a instancias del Gobierno alemán.

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