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LAS CCAA TIENEN 3 MESES PARA PRESENTAR AJUSTES

Salgado se quita de encima el problema del déficit y el PP se abstiene

El Gobierno vuelve a actuar como si los problemas de las finanzas públicas no fueran responsabilidad del Estado. Salgado no ha logrado el apoyo de las autonomías gestionadas por el PP en su intento de vender a los mercados la reducción del déficit, aunque los populares tampoco han votado en contra.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado. | ARCHIVO
LORENZO RAMÍREZ / DOMINGO SORIANO

El Gobierno ha vuelto a hacer dejación de funciones en lo referente a la contención del desbocado déficit público, que rondó los 112.000 millones de euros al cierre del pasado año. Este lunes la vicepresidenta económica convocó a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en un acto teatral que diera confianza a los mercados financieros, que están castigando a España por la elevada brecha entre ingresos y gastos.

El objetivo que se habrían marcado en el seno del CPFF sería rebajar en 2013 el conjunto del déficit público por debajo del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Sin embargo, no se han incluido objetivos intermedios, ni se ha hablado de un calendario con hitos, niveles máximos de déficit o multas en el caso de incumplimientos. Es decir, sólo se acuerda cumplir con la normativa comunitaria.

Esta falta de concreción en los planes del Gobierno ha provocado la abstención de las autonomías del PP en la votación del plan, aunque los responsables populares sí rechazaron explicitamente que otorgue tres meses a los gobiernos regionales para que hagan planes de "racionalización del gasto", un trabajo que deberían haber realizado ya para cumplir los objetivos presupuestarios.

Así, aunque Salgado asegura que todos los consejeros han afirmado que les parecía “muy bien” la senda de reducción del gasto, también admite que las comunidades del PP no apoyan al Gobierno, lo que, en su opinión, mostraría “una cierta incoherencia”.

"Propaganda y humo"

Por su parte, los representantes populares aseguraron que el planteamiento del Gobierno central es "solamente propaganda y humo”, según informa EFE. De esta manera, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha declarado al salir de la reunión que “las comunidades estamos dispuestas a arrimar el hombro para reducir el gasto, pero no a mandar mensajes equivocados a la opinión pública”.

Beteta ha afirmado que es el Gobierno central el que “no quiere asumir ningún compromiso” y ha reclamado que la sociedad española quiere “soluciones, no comisiones”. Por eso, ha pedido al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que asuma su responsabilidad con “propuestas serias y valientes”.

Para sus críticos, en lugar de dar ejemplo con medidas importantes de reducción de gasto, el Ejecutivo mantiene su tímido plan de recortes en los próximos tres años, con una disminución de 50.000 millones de euros (unos 16.600 millones de euros al año), una bajada que es a todas luces insuficiente para reducir el agujero en las arcas públicas y volver a un déficit del 3% del PIB en 2013, tal como ordena Bruselas.

Salgado ha hablado de tres pactos para conseguir la reducción del déficit en los términos ya anunciados a la UE (y que formaron el grueso del documento adelantado el pasado 3 de febrero a las comunidades). En esta línea estaría la creación de un grupo de trabajo, cuya misión será hacer propuestas en materia de reducción y mejora de la eficiencia del gasto, y al que se encomendará la valoración y seguimiento de la información solicitada a las comunidades autónomas. Según ha anunciado Salgado, las autonomías se han comprometido a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público.

El acuerdo incluye, además,  el "compromiso de aplicación de una política de contención de los gastos de personal", que se instrumentará a través de una "senda de austeridad" en materia de retribuciones, una "estrategia restrictiva en la configuración de las ofertas de empleo público" y una política de racionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración.

"Este compromiso se engarza con el contenido del Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno, que establece una reducción de los gastos de personal de un 4% en términos nominales entre 2010 y 2013, aplicando una contención en los sueldos y unas tasas de reposición del 10%", según afirman fuentes del Ministerio de Economía.

Planes de reequilibrio en nueve comunidades

En esta reunión del CPFF se aprobaron además los planes de reequilibrio de nueve comunidades autónomas que suponen una reducción del gasto de 1.975 millones de euros (Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Región de Murcia, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y Aragón).

De este modo, el Gobierno anuncia que estas regiones han cumplido "con la primera fase" de la estrategia de consolidación fiscal en el ámbito de las comunidades autónomas, que afecta directamente a los presupuestos de 2010.

Por otro lado, Salgado también resaltó que el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2009 fue inferior al 11,4% inicialmente previsto, y apuntó que el saldo negativo de las autonomías ha sido finalmente dos décimas inferior, con lo que la cifra se situó en el 11,2%.

Recorte de los anticipos a cuenta

Al ser preguntada por el recorte del presupuestario al que serán sometidos los gobiernos de la Xunta y de Castilla y León en los anticipos que da el Estado a las autonomías (por la previsión presupuestaria), Salgado ha dicho que se reducirán por los menos ingresos previstos.

El sistema de financiación autonómica tiene un mecanismo especial de reparto de los fondos. El Gobierno realiza en cada presupuesto una previsión de ingresos fiscales de las comunidades que les concede en forma de anticipos de liquidación. Dos años después, cuando se cierran las cuentas del ejercicio, se hace balance: si los anticipos han estado por debajo de la recaudación final de impuestos -como ocurría en años de bonanza-, el Gobierno abona la diferencia a las comunidades. Pero puede ocurrir también que el Estado entregue una cantidad inicial muy por encima de los ingresos finales, por tanto, las autonomías deben devolver la diferencia.

Esto ocurrió por primera vez en 2008 y las comunidades deberán abonar por ello 7.000 millones a las arcas del Estado en 2010. Sin embargo, el problema grave viene el próximo año, puesto que deberán devolver unos 25.000 millones de euros en 2011, según avanzó el diario Expansión.

En medio de esta polémica los responsables de Hacienda de Galicia y Castilla y León han denunciado que sus comunidades recibirán 111 millones de euros menos del anticipo previsto y comprometido por el Gobierno en el nuevo sistema de financiación autonómica para 2010.

Al respecto, Salgado ha explicado que los anticipos a cuenta se hacen de acuerdo con las previsiones de recaudación de la Administración General del Estado (no las que realizan las CCAA) y que las del año 2009 resultaron ser muy superiores a lo que después fue la recaudación real.

"Por tanto, como la recaudación prevista en el 2010 es inferior a la recaudación prevista en el 2009, no la real sino la prevista, los anticipos en el año 2010 han resultado ser inferiores a los anticipos de 2009", ha puntualizado.

Para Salgado, se trata de entender bien cuál es la dinámica del sistema de financiación: anticipos de acuerdo con la previsión de ingresos y cuando la previsión no se corresponde con la realidad, los anticipos resultan ser mayores de lo que hubieran debido ser. "Eso es exactamente lo que justifica que en 2010 y en 2011 vaya a haber una liquidación negativa", ha añadido.

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