El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy que el Ejecutivo aprobará el próximo 22 de enero medidas laborales que someterá posteriormente a la consideración de las organizaciones empresariales y sindicales, y una semana después, el 29 de enero, dará luz verde a una reforma de la ley de pensiones públicas y de Seguridad Social que remitirá al Pacto de Toledo.
Durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer un balance del año 2009, Zapatero indicó que estas nuevas medidas laborales se centrarán en cambios en la negociación colectiva, así como en favorecer la contratación de los jóvenes y abordar la dualidad del mercado laboral y la precariedad.
Dicho esto, quiso dejar claro que el Gobierno no contempla "ninguna cuestión relativa a cotizaciones sociales" que, según recordó, quedó aparcada en julio tras la ruptura del diálogo social, ni tampoco nada que tenga que ver con las modalidades de contratación, "al menos como se han planteado desde las organizaciones empresariales", matizó Zapatero, quien consideró que los temas relacionados con el coste del despido no pueden ser una "cuestión central" para modernizar el mercado laboral español.
No obstante, señaló que la agenda de temas en el diálogo social será "amplia" y que el Gobierno oirá las propuestas de los empresarios y de los sindicatos. Ahora bien, recalcó que es preciso que este acuerdo llegue en el primer trimestre. "Si puede ser en febrero, mejor que en marzo", añadió.
Zapatero destacó que, a pesar de la "durísima" crisis económica, se ha mantenido la paz social, por lo que agradeció el "sentido de la responsabilidad" de los agentes sociales, lo que ha contribuido, dijo, a la capacidad de ayudar a la recuperación económica.
"El diálogo social ha sido un cauce fundamental para integrar y sumar esfuerzos en favor de la prosperidad del país y del bienestar social", subrayó Zapatero, quien no obstante lamentó que en julio no se pudiera rubricar un acuerdo para incorporar cambios en el ámbito laboral.
"Estamos esperanzados de que el proceso de diálogo recuperado entre empresarios y sindicatos, también con la participación del Gobierno, facilite en el primer trimestre un acuerdo social en el ámbito del mercado de trabajo", añadió.
Plan de austeridad
Junto con la reforma de la ley de pensiones y de la Seguridad Social, de la que Zapatero no quiso adelantar nada, también anunció que el mismo día 29 de enero el Ejecutivo aprobará un plan de austeridad para la Administración General del Estado, sobre el que el Gobierno está trabajando de manera "muy intensa".
Se trata de hacer realidad, añadió, con compromisos fijos las iniciativas de reforma, de modernización y de consolidación fiscal, que son "esenciales" para afianzar el crecimiento y en la que deben participar necesariamente las comunidades autónomas y las entidades locales. En este sentido, señaló que la crisis económica ha provocado que las cuentas públicas hayan pasado de un superávit a un déficit "importante", que el Gobierno se propone corregir y situar en el 3% en 2012.
Por ello, dijo que el Gobierno promoverá "distintas iniciativas" para que comunidades y ayuntamientos se comprometan también a reducir el gasto público, dado que prácticamente el 50% está en manos de estas administraciones.
"Incentivos" para reducir déficit
Así, dijo que primero hablará con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para dentro del ordenamiento jurídico trasladar dichas iniciativas, entre las que citó la incorporación de "incentivos" para que comunidades y ayuntamientos se comprometan con la corrección de las cuentas públicas.
"El Gobierno va a presentar un plan muy exigente y desde ahí vamos a poner iniciativas para que las comunidades también incorporen este compromiso en los próximos años. Deseo primero hablar con Rajoy sobre este tema antes de ponerlas encima de la mesa porque, dentro del marco del ordenamiento jurídico y de la autonomía jurídica de las comunidades, será el camino político el que tenemos que explorar", reiteró.
Plan contra el fraude
Además de todas estas iniciativas, Zapatero también anunció que el próximo 8 de enero se remitirá la Ley de Economía Sostenible a los órganos consultivos, con la intención de remitirla al Parlamento en febrero para que entre en vigor antes del verano.
Una semana después, el 15 de enero, el Gobierno aprobará un primer paquete de decretos de aplicación y desarrollo de la conocida como 'ley ómnibus', que traspone en España la directiva de servicios de la UE. Para febrero, el jefe del Ejecutivo también adelantó que se aprobará un plan de acción contra el fraude fiscal y laboral.