La familia de Cordón pide la reapertura del sumario por secuestro

El fallo impuso a los condenados el pago conjunto a Publio Cordón de 50 millones de pesetas "si se acredita su vida o libertad", o en caso de muerte, junto con otros 400 millones, que es la suma entregada para su rescate. Según la sentencia, "el secuestro fue señalado por diversos miembros pertenecientes a la cúpula de la organización, quienes habían decidido el secuestro de un empresario de elevado patrimonio para financiar las actividades terroristas de la banda GRAPO".

La Audiencia relató que "a pesar de hacer la entrega del rescate, lo cierto es que Publio Cordón no apareció posteriormente, ni se puso en contacto con su familia, no habiéndose acreditado al día de hoy su paradero, que todavía sigue siendo desconocido". El Tribunal señala que los hechos constituyen un delito de detención ilegal, porque indica que "no es que se sospeche que se ha dado muerte al detenido, sino que se tiene la seguridad de su desaparición y de que no se le reintegró la libertad de la que ilegalmente estaba privado. No hay en ello presunción alguna de muerte".

La Sala desestimó un recurso de la familia contra el auto de la juez Teresa Palacios en el que se denegaba la práctica de diversas diligencias de investigación solicitadas por el fiscal.
Al desestimar estas diligencias, el Tribunal confirmaba así el archivo, mientras no aparezca Publio Cordón, o se detenga a Fernando Silva, huido tras su fuga de la cárcel de Granada en 1992.