L. D. / EFE.
- Jesús Cardenal ya se ha dirigido al fiscal jefe de la Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que abre diligencias informativas que determinen quién expide el denominado el “documento nacional de identidad vasco” y estudiar si se trata de una actividad delictiva. Así lo reconoce en una entrevista publicada este viernes en el diario
“ABC”
. Esta decisión, añade el fiscal general, ya fue comunicada hace días al TSJPV cuyo fiscal jefe se había reunido previamente con los fiscales jefes de San Sebastián y Bilbao.
Así, y siguiendo las órdenes de Cardenal, la Fiscalía ha enviado un oficio al consejero de Interior del Gobierno vasco para que saber si él ha autorizado o autoriza el uso de ese documento. También se ha solicitado a la Policía Nacional, como Cuerpo competente en todo el Estado para emitir los documentos nacionales de identidad, y a la Ertzaintza, para que traten de averiguar dónde se emite el “dni vasco” y quién lo expide, entre otros datos.
Una vez que se tengan estas informaciones, se determinará si desde el punto de vista penal puede perseguirse a quienes emiten este documento, más que a quien lo usa, según Cardenal. Las diligencias informativas pueden concluir con la presentación de una querella o denuncia, o bien con el archivo.
Partidario un Gobierno no nacionalista
El fiscal general del estado también se ha pronunciado sobre las elecciones autonómicas en el País Vasco, convocadas el 13 de mayo. Jesús Cardenal sostiene que “lo más saludable” sería que el próximo Gobierno autónomo fuera no nacionalista ya que la presión sobre la sociedad se ha venido incrementando en los últimos tiempos y el Gobierno actual no ha dado resultados en esta lucha.
Sobre la posición de la Iglesia al no firmar el Pacto Antiterrorista, Cardenal entiende que “reaccionó rápidamente, explicando que el hecho de no firmar ese pacto no quiere decir que no condene siempre todos y cada uno de los actos terroristas. Con ello aclaró esa sensación de cierta confusión que pudo crear en los ciudadanos. La verdad es que la Iglesia ya rechaza lo que tiene que rechazar y ha fijado clarísimamente su postura”.
Preguntado por la excarcelación de siete miembros de “Ekin”, que es el aparato político de ETA en España según el juez Baltasar Garzón, decidida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Cardenal señala se muestra contrario a esta resolución y sostiene que tenían que haberles mantenido en prisión. Afirma que le parece "muy bien la decisión del juez Garzón de ilegalizar Ekin", pero, añade, "yo no podía ir contra Herri Batasuna, antecesora de EH, porque era un partido político que cumplía todos los requisitos legales exigidos a los partidos".
Por último, en cuanto a la posibilidad de que el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera tengan que volver a prisión para terminar de cumplir su condena por el “caso Marey”, como ha pedido el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cardenal afirma que “personalmente” se le hace “un poco cuesta arriba” ese hecho, pero como jurista entiende que debe cumplirse la ley. “Lo mejor es seguir las normas que establecen las leyes y, en este caso, tienen que ingresar en prisión. Pero van a tener un tratamiento penitenciario e inmediatamente se podrá corregir esta situación —que a nosotros nos parece que no es la mejor— con los medios legales que ya están establecidos, no para este caso sino para todos”, ha añadido el fiscal general.
Así, y siguiendo las órdenes de Cardenal, la Fiscalía ha enviado un oficio al consejero de Interior del Gobierno vasco para que saber si él ha autorizado o autoriza el uso de ese documento. También se ha solicitado a la Policía Nacional, como Cuerpo competente en todo el Estado para emitir los documentos nacionales de identidad, y a la Ertzaintza, para que traten de averiguar dónde se emite el “dni vasco” y quién lo expide, entre otros datos.
Una vez que se tengan estas informaciones, se determinará si desde el punto de vista penal puede perseguirse a quienes emiten este documento, más que a quien lo usa, según Cardenal. Las diligencias informativas pueden concluir con la presentación de una querella o denuncia, o bien con el archivo.
Partidario un Gobierno no nacionalista
El fiscal general del estado también se ha pronunciado sobre las elecciones autonómicas en el País Vasco, convocadas el 13 de mayo. Jesús Cardenal sostiene que “lo más saludable” sería que el próximo Gobierno autónomo fuera no nacionalista ya que la presión sobre la sociedad se ha venido incrementando en los últimos tiempos y el Gobierno actual no ha dado resultados en esta lucha.
Sobre la posición de la Iglesia al no firmar el Pacto Antiterrorista, Cardenal entiende que “reaccionó rápidamente, explicando que el hecho de no firmar ese pacto no quiere decir que no condene siempre todos y cada uno de los actos terroristas. Con ello aclaró esa sensación de cierta confusión que pudo crear en los ciudadanos. La verdad es que la Iglesia ya rechaza lo que tiene que rechazar y ha fijado clarísimamente su postura”.
Preguntado por la excarcelación de siete miembros de “Ekin”, que es el aparato político de ETA en España según el juez Baltasar Garzón, decidida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Cardenal señala se muestra contrario a esta resolución y sostiene que tenían que haberles mantenido en prisión. Afirma que le parece "muy bien la decisión del juez Garzón de ilegalizar Ekin", pero, añade, "yo no podía ir contra Herri Batasuna, antecesora de EH, porque era un partido político que cumplía todos los requisitos legales exigidos a los partidos".
Por último, en cuanto a la posibilidad de que el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera tengan que volver a prisión para terminar de cumplir su condena por el “caso Marey”, como ha pedido el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cardenal afirma que “personalmente” se le hace “un poco cuesta arriba” ese hecho, pero como jurista entiende que debe cumplirse la ley. “Lo mejor es seguir las normas que establecen las leyes y, en este caso, tienen que ingresar en prisión. Pero van a tener un tratamiento penitenciario e inmediatamente se podrá corregir esta situación —que a nosotros nos parece que no es la mejor— con los medios legales que ya están establecidos, no para este caso sino para todos”, ha añadido el fiscal general.