Según el hijo de Rodríquez Galindo, la solicitud presentada va acompañada por las 100.000 firmas que llevan contabilizadas apoyando la petición. La solicitud de indulto será remitida al tribunal sentenciador para que emita el informe preceptivo.
Así lo establece la Ley Reguladora del Derecho de Gracia, de 1870, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, que sobre los tramites a seguir para la concesión de la gracia de indulto añadieron que el tribunal sentenciador antes de emitir su informe debe informarse sobre las circunstancias personales y penales y sobre la conducta del penado durante la ejecutoria.
El tribunal sentenciador también tiene que solicitar informe al ministerio fiscal y a la parte ofendida, así como al establecimiento penitenciario y la hoja histórico penal. Hasta tanto ese informe no se haya producido no vuelve el expediente al Ministerio de Justicia para su tramitación definitiva.
Según indicaron las mismas fuentes, una vez emitidos estos informes y recopilados los datos "que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos" el Tribunal dictamina "sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de gracia". Ese dictamen, con todos los documentos complementarios, es finalmente remitido al Ministerio de Justicia, que eleva el expediente al Consejo de Ministros, que es el encargado de resolver la concesión por Real Decreto, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras la entrega de la solicitud, la hija de Rodríguez Galindo y portavoz de la familia, María Fernanda Rodríguez Álvarez de Sotomayor, leyó un comunicado en el que también solicitaban el indulto total para el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Angel Vaquero y los ex agentes de Intxaurrondo (San Sebastián), Enrique Dorado y Felipe Bayo, también condenados por esa causa.
El aumento en cuatro años de las condenas
La sentencia del Supremo estimaba que debía aplicarse a Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al teniente coronel Angel Vaquero y a los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo, la agravante de "prevalerse del carácter público" en los dos delitos de detención ilegal por los que fueron condenados, lo que suponía incrementar en dos años la pena que les fue impuesta por cada uno de ellos.
Tras conocer la sentencia la hija del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, María Fernanda Galindo, dijo que los familiares del general se sentían "desolados, abandonados y vejados" e incluso pidió a ETA que les pusiera una bomba. En este sentido, destacó que "no hemos hecho más que sufrir la soledad y el abandono de aquellos por los que mi padre sacrificó más de quince años de su vida".
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Así lo establece la Ley Reguladora del Derecho de Gracia, de 1870, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, que sobre los tramites a seguir para la concesión de la gracia de indulto añadieron que el tribunal sentenciador antes de emitir su informe debe informarse sobre las circunstancias personales y penales y sobre la conducta del penado durante la ejecutoria.
El tribunal sentenciador también tiene que solicitar informe al ministerio fiscal y a la parte ofendida, así como al establecimiento penitenciario y la hoja histórico penal. Hasta tanto ese informe no se haya producido no vuelve el expediente al Ministerio de Justicia para su tramitación definitiva.
Según indicaron las mismas fuentes, una vez emitidos estos informes y recopilados los datos "que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos" el Tribunal dictamina "sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de gracia". Ese dictamen, con todos los documentos complementarios, es finalmente remitido al Ministerio de Justicia, que eleva el expediente al Consejo de Ministros, que es el encargado de resolver la concesión por Real Decreto, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras la entrega de la solicitud, la hija de Rodríguez Galindo y portavoz de la familia, María Fernanda Rodríguez Álvarez de Sotomayor, leyó un comunicado en el que también solicitaban el indulto total para el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Angel Vaquero y los ex agentes de Intxaurrondo (San Sebastián), Enrique Dorado y Felipe Bayo, también condenados por esa causa.
El aumento en cuatro años de las condenas
La sentencia del Supremo estimaba que debía aplicarse a Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al teniente coronel Angel Vaquero y a los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo, la agravante de "prevalerse del carácter público" en los dos delitos de detención ilegal por los que fueron condenados, lo que suponía incrementar en dos años la pena que les fue impuesta por cada uno de ellos.
Tras conocer la sentencia la hija del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, María Fernanda Galindo, dijo que los familiares del general se sentían "desolados, abandonados y vejados" e incluso pidió a ETA que les pusiera una bomba. En este sentido, destacó que "no hemos hecho más que sufrir la soledad y el abandono de aquellos por los que mi padre sacrificó más de quince años de su vida".
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