L. D. / EFE.
- Su vida le cambió el 4 de diciembre de 1983, cuando fue secuestrado por los llamados Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL). Los franceses Pedro Sánchez, Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier, mercenarios pagados con fondos del Ministerio del Interior, capturaron a Marey en Hendaya al confundirlo con el que fuera dirigente de ETA, Mikel Lujua. Fue introducido en un coche y trasladado hasta la frontera de Dancharinea, en Navarra, donde un grupo de policías, a las órdenes del subcomisario José Amedo, se hicieron cargo de él.
Posteriormente, fue llevado a una cabaña de Colindres (Cantabria), donde los captores constataron que se habían equivocado de persona, pese a lo cual recibieron instrucciones de seguir adelante con el secuestro. Marey permaneció retenido en diez días, en los que estuvo encapuchado, apenas sin andar y temiendo por su vida. La madrugada del 14 de diciembre fue liberado en Francia, a tres kilómetros de la frontera con Navarra, en un estado de evidente deterioro físico. Llevaba un comunicado en francés dentro del bolsillo firmado con las siglas GAL.
En 1994, la confesión de los ex policías José Amedo y Michel Dominguez, ante el juez Baltasar Garzón, destapó el caso que sentó en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno socialista.
Finalmente, el 29 de julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó al ex ministro del Interior José Barrionuevo, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristobal a diez años de cárcel. Además, al ex jefe del Mando Único de la lucha Contraterrorista, Francisco Álvarez, al ex responsable de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo y al ex policía José Amedo a nueve años y seis meses de prisión, y al ex secretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea a siete años. A los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses y a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y al también ex policía Michel Domínguez, a dos años y cuatro meses.
El Supremo también condenó a los procesados a indemnizar a Marey con 30 millones de pesetas, además de declarar al Estado responsable civil subsidiario. De los 30 millones, 25.500.000 pesetas deberían abonarlos a partes iguales los siete autores del delito de detención ilegal Barrionuevo, Vera, Sancristobal, García Damborenea, Planchuelo, Álvarez y Amedo. El alto tribunal falló de esta forma después de escuchar en veintidós sesiones de vista oral las versiones de los doce procesados, los testimonios de una treintena de testigos, y los informes de más de una docena de peritos y de las trece partes personadas en el juicio, considerado uno de los más importantes de la democracia.
Durante su comparecencia en el juicio, Segundo Marey recordó emocionado que estaba convencido de que lo iban a “ejecutar” y que, incluso, el día de su liberación uno de sus captores se mostró partidario de matarlo. De la prueba pericial, destacó el informe de dos médicos forenses que examinaron a Marey, quienes sostuvieron que el secuestro que sufrió la víctima en 1983 no le causó secuelas físicas, aunque sí un trastorno psíquico y una “obsesión” que se agudizó cuando en 1994 se inició el proceso, hasta el punto de considerar que ha sido secuestrado “dos veces”. Tras el fallo, Marey dijo que se había hecho justicia a él mismo y a toda la sociedad española.
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Posteriormente, fue llevado a una cabaña de Colindres (Cantabria), donde los captores constataron que se habían equivocado de persona, pese a lo cual recibieron instrucciones de seguir adelante con el secuestro. Marey permaneció retenido en diez días, en los que estuvo encapuchado, apenas sin andar y temiendo por su vida. La madrugada del 14 de diciembre fue liberado en Francia, a tres kilómetros de la frontera con Navarra, en un estado de evidente deterioro físico. Llevaba un comunicado en francés dentro del bolsillo firmado con las siglas GAL.
En 1994, la confesión de los ex policías José Amedo y Michel Dominguez, ante el juez Baltasar Garzón, destapó el caso que sentó en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno socialista.
Finalmente, el 29 de julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó al ex ministro del Interior José Barrionuevo, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristobal a diez años de cárcel. Además, al ex jefe del Mando Único de la lucha Contraterrorista, Francisco Álvarez, al ex responsable de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo y al ex policía José Amedo a nueve años y seis meses de prisión, y al ex secretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea a siete años. A los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses y a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y al también ex policía Michel Domínguez, a dos años y cuatro meses.
El Supremo también condenó a los procesados a indemnizar a Marey con 30 millones de pesetas, además de declarar al Estado responsable civil subsidiario. De los 30 millones, 25.500.000 pesetas deberían abonarlos a partes iguales los siete autores del delito de detención ilegal Barrionuevo, Vera, Sancristobal, García Damborenea, Planchuelo, Álvarez y Amedo. El alto tribunal falló de esta forma después de escuchar en veintidós sesiones de vista oral las versiones de los doce procesados, los testimonios de una treintena de testigos, y los informes de más de una docena de peritos y de las trece partes personadas en el juicio, considerado uno de los más importantes de la democracia.
Durante su comparecencia en el juicio, Segundo Marey recordó emocionado que estaba convencido de que lo iban a “ejecutar” y que, incluso, el día de su liberación uno de sus captores se mostró partidario de matarlo. De la prueba pericial, destacó el informe de dos médicos forenses que examinaron a Marey, quienes sostuvieron que el secuestro que sufrió la víctima en 1983 no le causó secuelas físicas, aunque sí un trastorno psíquico y una “obsesión” que se agudizó cuando en 1994 se inició el proceso, hasta el punto de considerar que ha sido secuestrado “dos veces”. Tras el fallo, Marey dijo que se había hecho justicia a él mismo y a toda la sociedad española.
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