L. D. / EFE
En el seguimiento del conocido como "caso fondos reservados", los indicios de delito no pesaron únicamente sobre meros subordinados. El 25 de octubre de 1995, la titular del juzgado María Jesús Coronado, instructora inicial de la causa, imputaba al ex ministro José Luis Corcuera, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Un año después el caso llegaba al Tribunal Supremo. El 3 de septiembre de 1996, la magistrada Pérez Marugán, sustituta de María Jesús Coronado en el caso, remitió el sumario al alto tribunal, al existir indicios de delito de malversación de fondos contra el aforado ex ministro del Interior José Barrionuevo. La magistrada fundamentaba su decisión en las revelaciones de Vera, Sancristobal y Roldán "sobre el conocimiento, consentimiento y órdenes del ministro del Interior" en relación con los hechos que se investigaban.
El 25 de septiembre, el TS decidió, sin embargo, no asumir por el momento la investigación y solicitó a la juez que profundizara en sus averiguaciones sobre la posible implicación de aforados. Pérez Marugán procedió entonces a investigar el patrimonio de los imputados, testigos, familiares de los mismos, así como de los gobernadores de las tres provincias vascas y de Navarra que pudieran haberse beneficiado del supuesto uso irregular de los fondos reservados.
En mayo de 1997, el juzgado de Instrucción numero 5 de Madrid, con Carmen Valcarce a la cabeza, asumió la causa en detrimento de Pérez Marugán, al constar en su juzgado una denuncia anterior al comienzo de la instrucción de este sumario. En concreto, el juzgado de Valcarce investigaba una denuncia interpuesta, con un mes de antelación, por un inspector de policía, que aseguró haber cobrado sobresueldos con cargo a fondos reservados. El 26 de febrero de 1998, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Luis Roldán a 28 años de cárcel por su enriquecimiento ilícito mientras fue director de la Guardia Civil. El 8 de junio, la juez Valcarce elevaba al Tribunal Supremo el procedimiento al estimar necesario para la investigación "practicar diligencias sobre Barrionuevo, y el 29 de del mismo mes, elevaba una "exposición motivada" sobre los presuntos indicios o imputaciones contra el ex ministro, a quien acusaba de ser el máximo responsable "por acción u omisión" del destino de las partidas de fondos de fondos reservados.
Pero el 29 de julio de 1998, Barrionuevo era condenado a 10 años de prisión y doce meses de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey y malversación de fondos públicos. La pérdida de su acta como diputado y por tanto su condición de aforado, supuso la vuelta de la causa a la jurisdicción ordinaria, en este caso al propio juzgado de instrucción número 5 de Madrid, a donde llegó el 28 de septiembre.
El 25 de mayo de 1999, la juez rechazó en un auto recabar nuevos datos sobre el patrimonio de Barrionuevo, sobre el que señalaba -a la vista de un informe pericial emitido el 5 de abril- que no se produjo un incremento que pudiera considerarse excesivo. El 7 de julio, los peritos confirmaron el informe. El 18 de octubre, la juez abrió procedimiento contra los once imputados, por el delito de malversación de caudales públicos. El auto señalaba que se apreciaba la existencia de un "presupuesto paralelo del Ministerio" para destinar fondos reservados a fines no específicos de estas partidas, como gratificaciones "en cuantía no desdeñable" para los propios funcionarios y cargos políticos del Ministerio del Interior.
Respecto a Barrionuevo, recordaba que fue el último responsable del destino de los fondos y a quien se daba o debía dar cuenta de su uso, así como que durante el periodo que ocupó la cartera de Interior (1983-1988) se dispuso de más de 7.000 millones de pesetas en concepto de fondos reservados. Sobre Corcuera explicaba que dispuso de fondos a él adscritos para regalos a familiares de sus subordinados , y recordaba que durante el periodo que fue ministro (1988-1993) se dispuso de casi 10.000 millones de pesetas para dichas partidas.
El 26 de noviembre, el fiscal Alejandro Luzón emitió el escrito de conclusiones provisionales en el que solicitaba diez años y ocho meses y siete años de prisión para los ex ministros de Interior José Luis Corcuera y José Barrionuevo, respectivamente, así como 23 años y un mes y 16 años de inhabilitación absoluta, para cada uno de ellos, al estimar que cometieron un delito continuado de malversación por consentir la sustracción de caudales públicos y para Corcuera además otro por la sustracción de los mismos.
El fiscal pedía además ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta para Vera por delito continuado de malversación por la sustracción de caudales públicos, y diez años y ocho meses de cárcel y 24 años y un mes de inhabilitación para Sancristóbal, por dos delitos del mismo tipo. Además, solicitaba ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para Colorado y cuatro años y siete meses de prisión y ocho y un mes de inhabilitación absoluta para Roldán, y cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para López y Álvarez, todos por sustracción de caudales públicos.
Joyas, regalos de Navidad y sobresueldos
El fiscal relataba en su escrito de acusación que Corcuera destinó más de siete millones de pesetas en joyas para regalos de Navidad a las esposas de algunos altos cargos del Ministerio. Asimismo explicaba que Vera acordó con Barrionuevo que parte de los fondos reservados debían destinarse a incrementar las retribuciones de algunos altos cargos del Ministerio, de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista. De esta forma, Vera entregó a Sancristóbal 21 millones de pesetas; Sancristóbal a Roldán 14 y éste recibió otros siete de Vera, quien entregó la misma cantidad a Juan Ignacio López. Además, Vera entregó a Roldán y Colorado otras importantes cantidades, con la anuencia de Barrionuevo y Corcuera, en concepto de lo que denominaron una indemnización que les resarciera de un futuro cese en el cargo.
Por otra parte, Vera, también con el consentimiento de Barrionuevo y Corcuera, se apropió de más de 255 millones de pesetas que destinó a inmuebles, y para ocultar la titularidad se sirvió del padre de su cónyuge, Enrique Esquiva, quien desconocía el origen de los fondos. El 25 de enero de 2000, la juez decidió abrir juicio oral contra Barrionuevo, Corcuera y los otros seis imputados por delitos de malversación.
El 26 de septiembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la apertura de procedimiento contra José Luis Corcuera, José Barrionuevo, Rafael Vera, Francisco Álvarez, Rodríguez Colorado, Julián Sancristóbal e Ignacio López, al desestimar los recursos presentados por cada uno de ellos. El 23 de abril del 2001, la Audiencia Provincial de Madrid señaló para el 19 de septiembre de el comienzo del juicio, en un auto en el que además admitía la totalidad de las pruebas solicitadas por el abogado del Estado y el fiscal.
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Un año después el caso llegaba al Tribunal Supremo. El 3 de septiembre de 1996, la magistrada Pérez Marugán, sustituta de María Jesús Coronado en el caso, remitió el sumario al alto tribunal, al existir indicios de delito de malversación de fondos contra el aforado ex ministro del Interior José Barrionuevo. La magistrada fundamentaba su decisión en las revelaciones de Vera, Sancristobal y Roldán "sobre el conocimiento, consentimiento y órdenes del ministro del Interior" en relación con los hechos que se investigaban.
El 25 de septiembre, el TS decidió, sin embargo, no asumir por el momento la investigación y solicitó a la juez que profundizara en sus averiguaciones sobre la posible implicación de aforados. Pérez Marugán procedió entonces a investigar el patrimonio de los imputados, testigos, familiares de los mismos, así como de los gobernadores de las tres provincias vascas y de Navarra que pudieran haberse beneficiado del supuesto uso irregular de los fondos reservados.
En mayo de 1997, el juzgado de Instrucción numero 5 de Madrid, con Carmen Valcarce a la cabeza, asumió la causa en detrimento de Pérez Marugán, al constar en su juzgado una denuncia anterior al comienzo de la instrucción de este sumario. En concreto, el juzgado de Valcarce investigaba una denuncia interpuesta, con un mes de antelación, por un inspector de policía, que aseguró haber cobrado sobresueldos con cargo a fondos reservados. El 26 de febrero de 1998, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Luis Roldán a 28 años de cárcel por su enriquecimiento ilícito mientras fue director de la Guardia Civil. El 8 de junio, la juez Valcarce elevaba al Tribunal Supremo el procedimiento al estimar necesario para la investigación "practicar diligencias sobre Barrionuevo, y el 29 de del mismo mes, elevaba una "exposición motivada" sobre los presuntos indicios o imputaciones contra el ex ministro, a quien acusaba de ser el máximo responsable "por acción u omisión" del destino de las partidas de fondos de fondos reservados.
Pero el 29 de julio de 1998, Barrionuevo era condenado a 10 años de prisión y doce meses de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey y malversación de fondos públicos. La pérdida de su acta como diputado y por tanto su condición de aforado, supuso la vuelta de la causa a la jurisdicción ordinaria, en este caso al propio juzgado de instrucción número 5 de Madrid, a donde llegó el 28 de septiembre.
El 25 de mayo de 1999, la juez rechazó en un auto recabar nuevos datos sobre el patrimonio de Barrionuevo, sobre el que señalaba -a la vista de un informe pericial emitido el 5 de abril- que no se produjo un incremento que pudiera considerarse excesivo. El 7 de julio, los peritos confirmaron el informe. El 18 de octubre, la juez abrió procedimiento contra los once imputados, por el delito de malversación de caudales públicos. El auto señalaba que se apreciaba la existencia de un "presupuesto paralelo del Ministerio" para destinar fondos reservados a fines no específicos de estas partidas, como gratificaciones "en cuantía no desdeñable" para los propios funcionarios y cargos políticos del Ministerio del Interior.
Respecto a Barrionuevo, recordaba que fue el último responsable del destino de los fondos y a quien se daba o debía dar cuenta de su uso, así como que durante el periodo que ocupó la cartera de Interior (1983-1988) se dispuso de más de 7.000 millones de pesetas en concepto de fondos reservados. Sobre Corcuera explicaba que dispuso de fondos a él adscritos para regalos a familiares de sus subordinados , y recordaba que durante el periodo que fue ministro (1988-1993) se dispuso de casi 10.000 millones de pesetas para dichas partidas.
El 26 de noviembre, el fiscal Alejandro Luzón emitió el escrito de conclusiones provisionales en el que solicitaba diez años y ocho meses y siete años de prisión para los ex ministros de Interior José Luis Corcuera y José Barrionuevo, respectivamente, así como 23 años y un mes y 16 años de inhabilitación absoluta, para cada uno de ellos, al estimar que cometieron un delito continuado de malversación por consentir la sustracción de caudales públicos y para Corcuera además otro por la sustracción de los mismos.
El fiscal pedía además ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta para Vera por delito continuado de malversación por la sustracción de caudales públicos, y diez años y ocho meses de cárcel y 24 años y un mes de inhabilitación para Sancristóbal, por dos delitos del mismo tipo. Además, solicitaba ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para Colorado y cuatro años y siete meses de prisión y ocho y un mes de inhabilitación absoluta para Roldán, y cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para López y Álvarez, todos por sustracción de caudales públicos.
Joyas, regalos de Navidad y sobresueldos
El fiscal relataba en su escrito de acusación que Corcuera destinó más de siete millones de pesetas en joyas para regalos de Navidad a las esposas de algunos altos cargos del Ministerio. Asimismo explicaba que Vera acordó con Barrionuevo que parte de los fondos reservados debían destinarse a incrementar las retribuciones de algunos altos cargos del Ministerio, de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista. De esta forma, Vera entregó a Sancristóbal 21 millones de pesetas; Sancristóbal a Roldán 14 y éste recibió otros siete de Vera, quien entregó la misma cantidad a Juan Ignacio López. Además, Vera entregó a Roldán y Colorado otras importantes cantidades, con la anuencia de Barrionuevo y Corcuera, en concepto de lo que denominaron una indemnización que les resarciera de un futuro cese en el cargo.
Por otra parte, Vera, también con el consentimiento de Barrionuevo y Corcuera, se apropió de más de 255 millones de pesetas que destinó a inmuebles, y para ocultar la titularidad se sirvió del padre de su cónyuge, Enrique Esquiva, quien desconocía el origen de los fondos. El 25 de enero de 2000, la juez decidió abrir juicio oral contra Barrionuevo, Corcuera y los otros seis imputados por delitos de malversación.
El 26 de septiembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la apertura de procedimiento contra José Luis Corcuera, José Barrionuevo, Rafael Vera, Francisco Álvarez, Rodríguez Colorado, Julián Sancristóbal e Ignacio López, al desestimar los recursos presentados por cada uno de ellos. El 23 de abril del 2001, la Audiencia Provincial de Madrid señaló para el 19 de septiembre de el comienzo del juicio, en un auto en el que además admitía la totalidad de las pruebas solicitadas por el abogado del Estado y el fiscal.
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