La guerra en Afganistán, las medidas legislativas provocadas por el caso Gescartera y las declaraciones de Aznar entorno a su sucesión constituyen los principales ejes informativos que afronta la prensa de este lunes.
El Mundo dedica un editorial para criticar el “recorte de las libertades civiles” que según este diario están cometiendo los Gobiernos de EE UU y Gran Bretaña ante la amenaza terrorista. Este diario denuncia que un millar de personas permanecen retenidas en EE UU sin que se sepan aún los motivos de su detención y que la grabación entre los prisioneros y sus abogados es ya legal. Para este diario ello resulta tan injustificable como la decisión del Gobierno británico de recurrir transitoriamente al Estado de emergencia para decretar la detención indefinida de extranjeros sospechosos de participar en actividades terroristas; una medida que implicaría dejar en suspenso el artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Lo que no dice el editorial es que el artículo 15 de la propia Convención Europea dice que en tiempos de guerra o en caso de "emergencia pública" un Gobierno puede revocar lo dispuesto en el artículo cinco. La verdad es que la guerra contra el terrorismo está provocando una considerable empanada mental en la línea editorial de El Mundo, siempre tan proclive al papanatismo. Vamos a ver. ¿Este diario está en contra de la figura del “Estado de Emergencia” -recurrible transitoriamente por la legislación británica– o, por el contrario, únicamente cree que no hemos llegado a las circunstancias que justifiquen su entrada en vigor? Su editorial parece quitar gravedad a la amenaza terrorista asegurando que “la única noticia de que los secuaces de Ben Laden planean perpetrar atrocidades contra intereses británicos son las advertencias de Bush”. Sin embargo, a renglón seguido, afirma que, “aunque existiesen pruebas irrefutables de sus designios, no está nada claro que la seguridad nacional justifique la violación de los derechos civiles más esenciales”.
Entonces, ¿qué tendría que pasar o qué tendríamos que saber para que sí “estuviera totalmente clara” la justificación de ese estado legal transitorio? Este, además -y a diferencia de lo que dice El Mundo–, no viola “los derechos civiles más esenciales” sino que retrasa el ejercicio de algunos derechos procesales, sin duda importantes, pero no tan vitales como los que los terroristas quieren cercenar. Estados Unidos y Gran Bretaña están en guerra. No sabemos si El Mundo entiende el significado de esa extraordinaria circunstancia. Muchas más cláusulas, -observables en la vida democrática sin amenazas totales y frontales– quedaron en suspenso en la guerra contra los nazis. La inmensa mayoría de los ciudadanos británicos y estadounidenses, a diferencia de buena parte de sus medios de comunicación, a lo que temen son a los terroristas, no a las discrecionales pero también transitorias medidas de sus Gobiernos. Los detenidos, por otra parte, seguirán teniendo garantizada su defensa jurídica y a los medios de comunicación como plataformas para sus denuncias.
Ante la amenaza terrorista es absurdo plantear la seguridad en oposición a la libertad. Los integristas amenazan ambas. El Mundo aplaude, sin embargo, un absurdo artículo de Llamazares en ese periódico. El coordinador de IU es por lo menos coherente en su sinsentido. Pero ¿qué decir de El Mundo? Por una parte, asume las víctimas civiles e inocentes que pueda causar la guerra contra el terrorismo, y, por otra, se rasga las vestiduras ante la suspensión transitoria de algunas cláusulas judiciales de los sospechosos. Si es esa la forma de entender la idea de equilibrio entre libertad y seguridad, apañadas van ambas.

La seguridad de la libertad
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