L D (EFE)
El instructor Julián Sánchez Melgar ha dictado una resolución en la que rechaza el recurso del fiscal contra esta decisión y remite su propuesta a la Sala de lo Penal del Supremo para que archive la querella presentada contra Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega al no encontrar indicios de delito, por excarcelar a Carlos Ruiz Santamaría "El Negro". En la misma resolución Sánchez Melgar rechaza también el recurso presentado por la acusación popular.
Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero
Se espera la postura de Bacigalupo
Ahora se remitirá la decisión a la Sala de lo Penal del Supremo. Volverán a estar presentes todas las partes. El fiscal Luzón solicitará la revocación del auto de conclusión de Sánchez Melgar y la Sala podrá hacer dos cosas: acceder a la petición del fiscal y ordenar procesamiento contra los jueces de la Audiencia Nacional o confirmar el auto sin procesamiento y proceder al archivo. Y el ponente en la Sala del Supremo no es otro que Enrique Bacigalupo Zapater. Tiene delante una causa que no se basa en intencionalidades o corazonadas como ocurrió en el caso Liaño. Aquí hay pruebas, firmemente defendidas por Luzón, y un resultado de fuga que no admite dudas. El argentino pensionado tendrá que decidir su propia coherencia porque el caso Sogecable está ya preparado para convertirse en la inmediata referencia.
El instructor Melgar recuerda que ya declaró la "injusticia" de la decisión de los jueces, pero no encuentra ningún indicio de que actuaran con intención de favorecer la fuga, como finalmente ocurrió. Explica que en el recurso del fiscal "no se expone elemento alguno de donde deducir tal intencionalidad" y que sólo lo basa en que los magistrados tuvieron que actuar con "dolo" o intención al tratarse de "experimentados magistrados".
”Injusta” pero no “manifiestamente injusta”
Añade Sánchez Melgar que "de ser ello así, habrían cometido prevaricación dolosa en todos aquellos casos que se equivocan en la interpretación del derecho y sus resoluciones son revocadas por el tribunal superior que revise su actuación". Respecto al delito de prevaricación imprudente, que se planteaba alternativamente, Sánchez Melgar sostiene que la decisión de los jueces "a fuer de ser injusta, no puede ser tildada de manifiestamente injusta en sentido jurídico penal".
¿No hay prevaricación si no se demuestra cohecho?
Considera que tanto la declaración del funcionario como la diligencia testifical no son relevantes y "no aportan nada a la causa" y recuerda que será la Sala de lo Penal del Supremo quien resuelva en definitiva estas cuestiones cuando se pronuncie sobre el cierre definitivo o la revocación del auto de conclusión. Sánchez Melgar considera que los magistrados se equivocaron, "es algo que tienen asumido", y descarta cualquier indicio de lucro económico "que pudiese haber beneficiado a los querellados". Al no encontrar indicios de cohecho, el juez estima que no hay prevaricación. Lo lógico es que si hubo pagos, las cuentas no sean transparentes. No todo es tan fácil como los dobles fondo de armario del psiquiatra de Valdemoro.
El “abogado-adivino” en La Linterna de la COPE
En este caso repleto de irregularidades sólo se ha percibido un momento de lucidez. Proviene de Roberto Rodríguez, abogado del psiquiatra de Valdemoro. No es que esté en la mejor situaciones (ni él ni su cliente) pero supo interpretar desde el principio cómo iban a sucederse los acontecimientos. Lo dijo en
“La Linterna”
de la COPE: “¿Quiere que le diga lo que va a ocurrir? Apartarán a los jueces. Luego intentarán salvarlos porque no hay pruebas y tendrán que buscar una cabeza de turco”, en referencia al psiquiatra, su cliente.
Cezón y López Ortega, previsores, cambian de destino
Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene pendiente de resolver el expediente disciplinario abierto contra los jueces, en el que el instructor pidió que se les sancione con siete meses de suspensión por una falta muy grave de desatención en sus funciones, lo que conllevaría la pérdida de sus destinos. Adelantándose al cierre de este expediente, los magistrados Cezón y López Ortega han pedido su traslado a la Audiencia de Madrid, que el Consejo decidirá probablemente la próxima semana.
Se espera la postura de Bacigalupo
Ahora se remitirá la decisión a la Sala de lo Penal del Supremo. Volverán a estar presentes todas las partes. El fiscal Luzón solicitará la revocación del auto de conclusión de Sánchez Melgar y la Sala podrá hacer dos cosas: acceder a la petición del fiscal y ordenar procesamiento contra los jueces de la Audiencia Nacional o confirmar el auto sin procesamiento y proceder al archivo. Y el ponente en la Sala del Supremo no es otro que Enrique Bacigalupo Zapater. Tiene delante una causa que no se basa en intencionalidades o corazonadas como ocurrió en el caso Liaño. Aquí hay pruebas, firmemente defendidas por Luzón, y un resultado de fuga que no admite dudas. El argentino pensionado tendrá que decidir su propia coherencia porque el caso Sogecable está ya preparado para convertirse en la inmediata referencia.
El instructor Melgar recuerda que ya declaró la "injusticia" de la decisión de los jueces, pero no encuentra ningún indicio de que actuaran con intención de favorecer la fuga, como finalmente ocurrió. Explica que en el recurso del fiscal "no se expone elemento alguno de donde deducir tal intencionalidad" y que sólo lo basa en que los magistrados tuvieron que actuar con "dolo" o intención al tratarse de "experimentados magistrados".
”Injusta” pero no “manifiestamente injusta”
Añade Sánchez Melgar que "de ser ello así, habrían cometido prevaricación dolosa en todos aquellos casos que se equivocan en la interpretación del derecho y sus resoluciones son revocadas por el tribunal superior que revise su actuación". Respecto al delito de prevaricación imprudente, que se planteaba alternativamente, Sánchez Melgar sostiene que la decisión de los jueces "a fuer de ser injusta, no puede ser tildada de manifiestamente injusta en sentido jurídico penal".
¿No hay prevaricación si no se demuestra cohecho?
Considera que tanto la declaración del funcionario como la diligencia testifical no son relevantes y "no aportan nada a la causa" y recuerda que será la Sala de lo Penal del Supremo quien resuelva en definitiva estas cuestiones cuando se pronuncie sobre el cierre definitivo o la revocación del auto de conclusión. Sánchez Melgar considera que los magistrados se equivocaron, "es algo que tienen asumido", y descarta cualquier indicio de lucro económico "que pudiese haber beneficiado a los querellados". Al no encontrar indicios de cohecho, el juez estima que no hay prevaricación. Lo lógico es que si hubo pagos, las cuentas no sean transparentes. No todo es tan fácil como los dobles fondo de armario del psiquiatra de Valdemoro.
El “abogado-adivino” en La Linterna de la COPE
En este caso repleto de irregularidades sólo se ha percibido un momento de lucidez. Proviene de Roberto Rodríguez, abogado del psiquiatra de Valdemoro. No es que esté en la mejor situaciones (ni él ni su cliente) pero supo interpretar desde el principio cómo iban a sucederse los acontecimientos. Lo dijo en
“La Linterna”
de la COPE: “¿Quiere que le diga lo que va a ocurrir? Apartarán a los jueces. Luego intentarán salvarlos porque no hay pruebas y tendrán que buscar una cabeza de turco”, en referencia al psiquiatra, su cliente.
Cezón y López Ortega, previsores, cambian de destino
Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene pendiente de resolver el expediente disciplinario abierto contra los jueces, en el que el instructor pidió que se les sancione con siete meses de suspensión por una falta muy grave de desatención en sus funciones, lo que conllevaría la pérdida de sus destinos. Adelantándose al cierre de este expediente, los magistrados Cezón y López Ortega han pedido su traslado a la Audiencia de Madrid, que el Consejo decidirá probablemente la próxima semana.