(Libertad Digital)
El éxito policial contra ETA necesitaba un refuerzo legal. La última operación conjunta franco española contra la banda ha vuelto a demostrar la eficacia de la lucha antiterrorista. Pero la tarea del Ministerio del Interior no ha estado acompañada por otras igualmente eficaces por parte de Justicia. La excarcelación de etarras que han vuelto a cometer asesinatos demostraba el fallo de esta cadena. En España, la pena máxima de cárcel es de 30 años y sobre esa pena se aplican los beneficios penitenciarios.
En declaraciones a Onda Cero , el ministro del Interior, que antes fue ministro de Justicia, ha respondido a las críticas. Ángel Acebes ha declarado que, "en estos momentos, el Ministerio de Justicia está preparando una modificación del Código Penal en el que están estudiando incluir que la reducción de pena por beneficios penitenciarios no automáticos no se calculen sobre la pena máxima (en España de 30 años) sino sobre el total de la penas impuesta en la sentencia". Según explicó el ministro, si un etarra es condenado a 100 años de cárcel, "cualquier reducción (de su condena) por un beneficio penitenciario" se aplicará "sobre esos 100 años y no sobre los 30". El titular de Interior destacó que esa medida supondrá "el cumplimiento efectivo y total de la pena", aunque "hasta el máximo de los 30 que permite nuestra legislación” .
Según declaró Ángel Acebes, respondiendo a las quejas reiteradas por las víctimas del terrorismo, “en este momento, los asesinos de Antonio Molina y algunos de los detenidos ayer (por este jueves), como Fernández de Iradi, que es un etarra especialmente peligroso perseguido por la Policía por distintos asesinatos aparte de dirigir la organización terrorista, cumplirán íntegramente esos treinta años ”.
El asesinato de Molina, última muestra del caos
Los asesinos del guardia civil Antonio Molina estaban en libertad pese a las importantes penas a las que habían sido condenados. El primero, Jesús María Etxeberría, había sido detenido en 1987 y condenado por la Audiencia Nacional en 1989 a 36 años de prisión. Sin embargo, quedó en libertad en 2000 –tras pasar sólo 13 años en la cárcel– y se reincorporó de nuevo a ETA. El otro, Gotzon Aramburu Sudupe, cuenta en su historial con más de 100 actos de terrorismo callejero. En 1998 dio el saltó a ETA. Se integró en el “comando Donosti”, para el que trabajaba como “soplón”, es decir, marcando objetivos. El 10 de marzo de 1999 fue detenido por la Policía y en febrero de 2001 fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel. Su abogado recurrió y Aramburu quedó en libertad hasta que su condena fuera “en firme”. El pasado 21 de noviembre, el Tribunal Supremo confirmó su condena, pero cuando la Audiencia Nacional ordenó que se presentara para ingresar en prisión, el etarra había volado.
Actualmente, en España hay unos 500 etarras en la misma situación que los asesinos de Antonio Molina y muchos de ellos se han servido de las decisiones judiciales para regresar a ETA y continuar con sus actividades criminales.
La Justicia no contesta a la familia de Molina
Cuando la familia de Antonio Molina pudo articular palabra fue para alabar la valentía de un guardia civil que había evitado una matanza. Pero el segundo argumento que brotó fue una crítica a la Justicia. El ministro Acebes dijo que sólo ETA es la culpable. Tal vez quiso decir que sólo ETA mata pero la culpabilidad de que lo haga mejor y más a menudo es compartida. Al menos mientras se está en la cárcel no se pueden poner bombas.
El CGPJ se ha limitado a emitir una declaración institucional de su presidente, Francisco José Hernando, en la que muestra “su más absoluto rechazo a la violencia terrorista” y condena “sin paliativos” el asesinato del agente Molina. Los familiares del guardia civil han exigido a la Justicia que haga un ejercicio de introspección y que analicen si la muerte de Antonio Molina pudo haberse evitado, ya que los dos etarras estaban inexplicablemente en libertad. Pero de momento no han obtenido respuesta alguna a sus peticiones. En su nota, el CGPJ sólo dice que “seguirá defendiendo, desde la serenidad y la firmeza, el Estado de Derecho como único marco posible para el desarrollo de una sociedad democrática”.
En declaraciones a Onda Cero , el ministro del Interior, que antes fue ministro de Justicia, ha respondido a las críticas. Ángel Acebes ha declarado que, "en estos momentos, el Ministerio de Justicia está preparando una modificación del Código Penal en el que están estudiando incluir que la reducción de pena por beneficios penitenciarios no automáticos no se calculen sobre la pena máxima (en España de 30 años) sino sobre el total de la penas impuesta en la sentencia". Según explicó el ministro, si un etarra es condenado a 100 años de cárcel, "cualquier reducción (de su condena) por un beneficio penitenciario" se aplicará "sobre esos 100 años y no sobre los 30". El titular de Interior destacó que esa medida supondrá "el cumplimiento efectivo y total de la pena", aunque "hasta el máximo de los 30 que permite nuestra legislación” .
Según declaró Ángel Acebes, respondiendo a las quejas reiteradas por las víctimas del terrorismo, “en este momento, los asesinos de Antonio Molina y algunos de los detenidos ayer (por este jueves), como Fernández de Iradi, que es un etarra especialmente peligroso perseguido por la Policía por distintos asesinatos aparte de dirigir la organización terrorista, cumplirán íntegramente esos treinta años ”.
El asesinato de Molina, última muestra del caos
Los asesinos del guardia civil Antonio Molina estaban en libertad pese a las importantes penas a las que habían sido condenados. El primero, Jesús María Etxeberría, había sido detenido en 1987 y condenado por la Audiencia Nacional en 1989 a 36 años de prisión. Sin embargo, quedó en libertad en 2000 –tras pasar sólo 13 años en la cárcel– y se reincorporó de nuevo a ETA. El otro, Gotzon Aramburu Sudupe, cuenta en su historial con más de 100 actos de terrorismo callejero. En 1998 dio el saltó a ETA. Se integró en el “comando Donosti”, para el que trabajaba como “soplón”, es decir, marcando objetivos. El 10 de marzo de 1999 fue detenido por la Policía y en febrero de 2001 fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel. Su abogado recurrió y Aramburu quedó en libertad hasta que su condena fuera “en firme”. El pasado 21 de noviembre, el Tribunal Supremo confirmó su condena, pero cuando la Audiencia Nacional ordenó que se presentara para ingresar en prisión, el etarra había volado.
Actualmente, en España hay unos 500 etarras en la misma situación que los asesinos de Antonio Molina y muchos de ellos se han servido de las decisiones judiciales para regresar a ETA y continuar con sus actividades criminales.
La Justicia no contesta a la familia de Molina
Cuando la familia de Antonio Molina pudo articular palabra fue para alabar la valentía de un guardia civil que había evitado una matanza. Pero el segundo argumento que brotó fue una crítica a la Justicia. El ministro Acebes dijo que sólo ETA es la culpable. Tal vez quiso decir que sólo ETA mata pero la culpabilidad de que lo haga mejor y más a menudo es compartida. Al menos mientras se está en la cárcel no se pueden poner bombas.
El CGPJ se ha limitado a emitir una declaración institucional de su presidente, Francisco José Hernando, en la que muestra “su más absoluto rechazo a la violencia terrorista” y condena “sin paliativos” el asesinato del agente Molina. Los familiares del guardia civil han exigido a la Justicia que haga un ejercicio de introspección y que analicen si la muerte de Antonio Molina pudo haberse evitado, ya que los dos etarras estaban inexplicablemente en libertad. Pero de momento no han obtenido respuesta alguna a sus peticiones. En su nota, el CGPJ sólo dice que “seguirá defendiendo, desde la serenidad y la firmeza, el Estado de Derecho como único marco posible para el desarrollo de una sociedad democrática”.