El portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, asegura que la regularización fiscal que ha llevado a cabo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, es válida salvo que se demuestre que el dinero tiene un origen ilícito.
En declaraciones a Europa Press, Mollinedo asegura que el equipo de abogados de Bárcenas ha hecho una "jugada maestra" porque la única imputación que tiene Bárcenas por delito fiscal corresponde al ejercicio de 2006 y no se le había comunicado formalmente la apertura de un procedimiento de investigación contra la sociedad Tesedul, la sociedad con la que ha regularizado los fondos.
Explica que los informes de Tributos dicen que tiene que haber una comunicación formal de inicio de una investigación concreta, no una investigación general y según Mollinedo, si no ha habido una comunicación formal previa de la apertura de una investigación, la regularización fiscal es válida.
En este caso, señala, no se ha comunicado una investigación sobre Tesedul, entre otras razones, porque el nombre de esta sociedad apareció en los papeles de la Comisión Rogatoria remitida por Suiza a España hace unas semanas, es decir, mucho después de que Bárcenas regularizara 10 millones de euros a través de esa sociedad.
Pone el ejemplo de lo ocurrido con la familia Botín y la investigación que se abrió por las cuentas en el HSBC. Recuerda que la carta que envió Hacienda era de verificación de obligaciones tributarias formales (que es declarar), pero no de inicio de inspección. Eso, precisa, permitió que presentaran declaraciones complementarias, ingresaron 200 millones de euros y evitaron el delito fiscal.
Mollinedo aclara que el hecho de que la regularización sea válida, no impide que el juez pueda investigar otros delitos, como es el origen del dinero, si tiene elementos indiciarios que apunten a la ilicitud de los fondos. Pero considera que es una "jugada maestra de la defensa" de Bárcenas, porque para que el juez pueda investigar ahora tiene que tener algún informe policial o indicios judiciales de que ese dinero no procede de una actividad legal.
Insiste en este sentido en que la carga de la prueba le corresponde a la Administración Tributaria y a la Justicia, y son estas quienes deben demostrar que los fondos no han sido obtenidos de una manera lícita.
En este sentido, afirma que si se demostrara que el origen de los fondos es ilícito, la regularización no sería válida, porque no se pueden regularizar fiscalmente fondos procedentes de delitos. Esos fondos, afirma, tendrían que ser incautados.
Argumenta que la Ley General Tributaria dice que el "hecho imponible" es la obtención de rentas sujetas al impuesto y las de origen ilícito no lo están. Por lo tanto, añade, la normativa general del impuesto de sociedades permitiría al Gobierno incautar directamente el dinero, pero previamente se debe demostrar cómo fue obtenido.