El Partido Popular va a interponer querella por "injurias y calumnias" contra Izquierda Unida y los demás firmantes de la querella presentada este jueves ante la Audiencia Nacional, en la que se imputa la comisión de "graves delitos" al PP y a ex dirigentes del partido, según han anunciado los populares en nota de prensa.
IU se ha querellado contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, los exmiembros de la cúpula del partido Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, así como ocho empresarios, por la supuesta contabilidad B en la formación política.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado la querella conjuntamente con Ecologistas en Acción, las asociaciones Justicia y Sociedad y Libre de Abogados y Los Verdes, contra un total de quince personas, entre políticos y empresarios, por once delitos. En ella, pide que el tribunal requiera urgentemente a la Fiscalía Anticorrupción, que está investigando los conocidos como papeles de Bárcenas, todas las diligencias que ha practicado hasta el momento para que el caso lo asuma la Audiencia Nacional.
IU afirma en la querella que los extesoreros y los ex altos cargos del partido "recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios y otros regalos en especie en pago por haber violado la ley" a cambio de adjudicaciones a los empresarios, "defraudando así a la sociedad y haciendo primar exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento".
En concreto, el partido destaca que Rato, Acebes y Trillo -exvicesecretario, ex secretario general y exresponsable jurídico del PP, respectivamente-, eran ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la incompatibilidad de recibir recursos (figuran como receptores de dinero del PP en los papeles manuscritos) que no fueran los propios de su labor en el ministerio. En la querella, IU desgrana las donaciones de los empresarios al PP que figuran en los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas y los relaciona con adjudicaciones hechas a esas empresas por las administraciones públicas.
Así, pide que se investigue a José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que habría pagado alrededor de 1.200.000 euros; Manuel Contreras Caro de Azvi, que donó, según lo publicado, 858.000 euros; Juan Manuel Villarmir (OHL), que habría donado más de medio millón de euros, al igual que Luis del Rivero Asensio, de Sacyr Vallehermoso.
La querella también apunta a Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), que pudo pagar al PP entre 250.000 y 300.000 euros, la misma cantidad que Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa); José Mayor Oreja (FCC), a cuyo nombre figuran entregas de al menos 170.000 euros en los papeles publicados y Antonio Vilella (grupo Rubau), que supuestamente pagó 100.000 euros.
IU indica que estas donaciones y pagos pueden ser constitutivos de, entre otros, los delitos de asociación ilícita, blanqueo, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.
De ser admitida a trámite, pide que se cite como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; al diputado del PP Eugenio Nasarre; al expresidente balear Jaume Matas; al exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo; al miembro de las Juntas Generales de Álava del PP Santiago Abascal y al exconsejero de Salud de Navarra Calixto Ayesa.
Asimismo, pide información de los contratos con las administraciones públicas de las empresas donantes, las cuentas enviadas por el PP al Tribunal de Cuentas y el informe de vida laboral de Bárcenas entre los años 2009 y 2013.
El PP destaca, en la nota de prensa facilitada a los medios, tres puntos entre los fundamentos jurídicos de la querella de IU:
"... todo apunta a que estaríamos ante una práctica sistemática, organizada y coordinada, incrustada desde hace años en el núcleo de la más alta dirección del Partido Popular convirtiendo a dicho partido político en un instrumento y en una estructura de vocación delictiva que, además, por su control mediato de los distintos resortes del poder del Estado, permitiría asegurar a los responsables de dichas actividades delictivas altos niveles de impunidad" (página 80).
"... Podríamos estar ante una estructura permanente de carácter delictivo organizada desde y en el seno del Partido Popular. Es decir, ante una asociación ilícita o grupo delictivo organizado, que desde la estructura de dicha organización política y bajo su cobertura habría estado cometiendo las actividades delictivas que integran los títulos de imputación de la presente querella, con la finalidad de satisfacer la voluntad de donantes-sobornadores y simultáneamente enriqueciendo a los miembros integrantes de la asociación ilícita, así como alegando "recursos extra" para financiar ilegalmente al propio Partido Popular" (página 82).
Ante esto, el partido presidido por Mariano Rajoy, "ante las graves calumnias e injurias vertidas" en ella, y "en defensa de su honor, el de sus dirigentes y el de sus militantes, presentará la correspondiente querella contra los firmantes de esa acción judicial".
Por otra parte, será el juez Javier Gómez Bermúdez, en el caso de la querella de IU, el encargado de decidir si será la Audiencia Nacional el encargado de investigar estos hechos.