Juan Antonio Xiol (PSOE) defendió la legalización de Sortu

El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, ha sido designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

Xiol, sustituyó a Carlos Dívar al frente del Tribunal Supremo. Tiene 67 años y ostenta desde hace ocho la presidencia de la Sala de lo Civil del Supremo y, como el más antiguo en el cargo de los cinco presidentes de Sala del alto tribunal, fue el encargado de sustituir a Dívar en la presidencia de este órgano.

El elegido nuevo magistrado del TC ejerció como juez en Bilbao, al comienzo de su carrera y es conocido por su tendencia progresista ya que la ha puesto de manifiesta en muchas de sus resoluciones. Una de ellas, por ejemplo, el voto particular que el año pasado firmó con otros seis magistrados en el que defendía que se permitiera la actividad política de Sortu si no se demostraba su connivencia con el terrorismo y que no cabía su "ilegalización preventiva".

Otra de las características que distinguen al nuevo magistrado del TC es su perfil político, ya que además de secretario general del Tribunal Constitucional fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia durante los Gobiernos de Felipe González (1985-1990) y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE entre 1990 y 1996.

No en vano, fue vocal del CGPJ durante la que -hasta la presente- ha sido la crisis más importante que ha sufrido este órgano, desatada por la presencia en el mismo de Pasqual Estevill, luego condenado por delito fiscal y prevaricación. El nuevo magistrado del TC fue uno de los ocho miembros del Consejo que, el 6 de marzo de 1996, votó a favor de la expulsión de Estevill, que no salió adelante debido a la oposición del bloque conservador, lo que llevó al magistrado y a otros cinco de sus compañeros a dimitir.

Sobre la exposición pública a la que estará sometido en sus nuevas responsabilidades en el TC, habrá que ver si pone en práctica lo que él mismo ha dicho: "La crítica respecto al comportamiento y las manifestaciones de quien ostenta un cargo público (...), aunque pueda molestar o herir, es legítima".