Mercedes Alaya, juez del caso de los ERE, tendrá que decidir si pide oficialmente o no el expediente completo del informe de fiscalización que realizaron los auditores de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales de la Junta. Lo pide, por tercera vez (enero, abril y ahora), el fiscal que quiere conocer el informe original que luego fue "mutilado" en la Cámara de Cuentas y en el que se implicaba de manera clara a José Antonio Griñán y a Manuel Chaves en la responsabilidad de los ERE. Además, quiere oír a los auditores y los técnicos que hicieron el informe original.
Se sabía que la Cámara de Cuentas, dirigida ahora por el filosocialista Antonio López, mutiló el informe original sobre los ERE evitando, de ese modo, que las conclusiones de irregularidad y responsabilidad afectaran Chaves y a Griñán. Los auditores señalaron la responsabilidad de Griñán al afirmar que como consejero de Economía realizó "modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta", esto es, que aumentó los fondos para financiar los ERE sin ajustarse a la norma.
El contenido del informe original
La Cámara de Cuentas de Andalucía implicaba a la cúpula del Gobierno andaluz en el caso de los ERE. Ese fue el escándalo. Se trataba de un informe no publicado aún, filtrado por ABC y dedicado íntegramente al caso de los ERE En él y según él, José Antonio Griñán incumplió la ley vía fondo de reptiles cuando era Consejero de Economía y Hacienda del gobierno de Manuel Chaves desde 2004 a 2009. Tampoco se libraba de responsabilidad el expresidente Chaves porque la auditoría efectuada sobre el caso aludía a doce casos del mismo tipo que pasaron por el Consejo de Gobierno presidido por él.
Griñán autorizó y firmó dos modificaciones presupuestarias como responsable político de las finanzas en el Gabinete de Manuel Chaves. En total, fueron catorce las modificaciones presupuestarias que se analizaron en esta auditoría monográfica sobre el tema de los ERE. En su conjunto, su importe ascendió nada menos que a más de 125 millones de euros que fueron autorizadas por los gobiernos de Chaves y Griñán entre 2001 y 2010.
La Intervención General, en varios informes entre 2005 y 2007, señaló que el procedimiento del "fondo de reptiles" era irregular porque desviaba pagos a través de la Agencia IDEA. Pero ni Griñán ni Chaves hicieron caso a estas recomendaciones y Griñán, incluso, dijo que no tuvo conocimiento de ello porque su hoy Consejera de Hacienda y Administración Pública guardó los informes del interventor en un cajón.
En el informe de la Cámara se dice que, aunque los desvíos presupuestarios contaran con informes favorables de la Intervención General –que dependía de Griñán–, tanto el entonces consejero Griñán como todo el gobierno Chaves fueron responsables de aumentar dos veces la partida 31-L, rompiendo las reglas de juego administrativo utilizando el sistema de transferencias de financiación para repartir subvenciones millonarias entre empresas.
Textualmente dice el informe: "Pese al cumplimiento de los trámites e informes preceptivos, y a la exposición concreta en cada expediente de los fines que se persiguen y de las alteraciones que se producen en los presupuestos del IFA/IDEA [...], el Consejo de Gobierno y el Titular de la Consejería de Hacienda han autorizado a lo largo del periodo 2001 a 2010, modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta". En una década, la Junta aumentó en 125,87 millones de euros los créditos iniciales de la partida 31-L para empresas en crisis, lo que supone un 24% más de la cuantía presupuestada.
La auditoría avalaba la hipótesis de la juez Alaya, quien considera ilegal no sólo la constitución del "fondo de reptiles" sino el procedimiento de pago establecido para las ayudas.
Por si fuera poco, el informe socavaba la firmeza de la defensa de la Junta que siempre ha dicho que los cambios presupuestarios se hicieron con la autorización del Interventor General. Pero la auditoría de la Cámara señalaba la insuficiencia de tales autorizaciones y desmontaba la coartada de que el programa 31-L, el fondo de reptiles, se financiaba con presupuestos aprobados por el Parlamento andaluz.
La auditoría, impulsada por el propio Gobierno andaluz para dar muestras de su sinceridad en el procedimiento, se volvió contra él y lo mplicó en el procedimiento ilegal que dotó durante diez años con 647 millones de euros a la partida 31-L, que dio pie al fraude de los ERE. Tanto al actual presidente de la Junta y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, como a todos los altos cargos que tomaron parte en los Consejos de Gobierno que durante una década avalaron el método de las transferencias de financiación, salieron Tales fondos no podían dedicarse al pago de prejubilaciones e incluso en dos de los catorce casos estudiados no cumplían los requisitos de control legal como la conformidad de la Dirección General de Presupuestos o la autorización del Interventor.
Por ley, la Junta debería haber utilizado la vía legal de las subvenciones excepcionales pero entonces tenía que haber pasado rigurosos controles que no le interesaban.
La Cámara de Cuentas especificaba en su informe original que "los créditos que se modifican –Transferencias de Financiación– no se corresponden con la naturaleza económica de los gastos propuestos". Y además, la auditoría avisa de que las operaciones presupuestarias deben tener la conformidad de la Dirección General de Presupuestos o el informe favorable de la Intervención General de la Junta. Unos requisitos que se cumplen en doce expedientes, "salvo en dos casos". En la mayoría de las modificaciones se justificaba el aumento del dinero para los ERE en la necesidad de "atender necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas".
Breve historia de una mutilación para favorecer a Griñán
Se sabe que se eliminaron las referencias a posibles "responsabilidades penales" en las que podría haber incurrido la Junta de Andalucía y que fueron detectadas por los auditores del órgano fiscalizador que entonces estaban coordinados por el actual consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, de Izquierda Unida. En el informe final, las conclusiones solo mencionaron "responsabilidades contables y administrativas", pero no penales.
La responsabilidad penal de la Junta, según el informe primero de la Cámara que quiere conocer la Fiscalía, se refiere al abuso del "margen de discrecionalidad" para conceder las subvenciones excepcionales, a "la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas", por ejemplo la Sierra Norte de Sevilla, y a la inclusión de intrusos.
En este informe, los auditores responsables calificaban de "fraude de ley" el uso de la transferencia de financiación de la Consejería de Empleo al IFA —después agencia IDEA—, como "procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas" de las prejubilaciones de los ERE. Una conclusión que contradice la defensa a ultranza que la Junta hace de la legalidad del procedimiento.
En segundo lugar, los auditores, que ahora desea oír la Fiscalía, afirmaban que las ayudas se concedieron hasta 2010 "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido". Además, su calificación como "subvención excepcional" dio lugar a un "abuso" del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión, que evidencian hechos como la concentración de ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones basadas en otras motivaciones ajenas al interés general. Fue el caso de la Sierra Norte de Sevilla donde las ayudas beneficiaron electoralmente al PSOE y gracias a las cuales importantes militantes y concejales socialistas responsables de emnpresas públicas se convirtieron en empresarios privados de la noche a la mañana tras las importantes inyecciones de dinero público. El caso de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, es más que llamativo.
La conclusión sobre la responsabilidad penal se aplica igualmente a una tercera tesis eliminada y referida a los "intrusos" de los ERE, esto es, gente incluida en el expediente de una empresa sin haber trabajado nunca allí. "Se han detectado situaciones de irregularidad en un número determinado de beneficiarios incluidos en las pólizas financiadas, que han sido puestas en conocimiento de la Consejería de Empleo para su verificación", señala.
Por ello, es relevante que la Fiscalía Anticorrupción reclamara el pasado 28 de enero a la juez Ana Rosa Curra, que sustituyó a Alaya cuando estaba de baja, que "sean oídos en sede judicial" el jefe del equipo, los auditores y los técnicos que, tras catorce meses de trabajo de campo, indicaron la posible responsabilidad de Griñán y que los consejeros a propuesta del PSOE eliminaron. A Anticorrupción le parecía insuficiente la argumentación justificativa de la Cámara de Cuentas y quería que fuesen aclaradas las modificaciones del documento.
La maniobra del filosocialista López
Cuando se tuvo conocimiento público del informe de los auditores, el entonces recién nombrado consejero mayor de la Cámara, el reconocido filosocialista Antonio López, encargó un informe meramente jurídico para evaluar el anteproyecto filtrado a la prensa. Ese informe jurídico fue el que justificó legalmente la mutilación final del documento. Sorprendentemente, el informe jurídico encargado por López tenía como finalidad determinar la legalidad de la auditoría, es decir, conocer si los técnicos de la Cámara habían realizado su trabajo conforme a derecho, algo que se supone es natural en una institución de control.
El informe jurídico encargado por la Presidencia de la Cámara afirmó que hubo una fiscalización previa de la transferencia económica para las ayudas y que el gasto estaba sometido a control permanente de la Intervención.
El informe jurídico también restó importancia a que los beneficiarios de las ayudas fueran de una zona geográfica concreta, como la Sierra Norte, trama con casi una veintena de empresas que investiga la juez. Según el documento: "Si los beneficiarios tenían derecho a recibir las ayudas, el que pertenezcan o no a una determinada zona geográfica o a un grupo de empresas es indiferente a los efectos de la responsabilidad contable".