Susana Díaz apuntala el mecanismo que ha permitido el saqueo de fondos públicos

La Agencia IDEA se autoaprueba un reglamento atribuyendo a su propio director general una potestad que no tiene y lo hace con el amparo del Consejo de Gobierno de Andalucía presidido por Susana Díaz, infringiéndose preceptos de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y algunas leyes. Fue el pasado 31 de marzo de 2014 como consta en el Boletín Oficial de la Junta número 61.

En la Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA) se aprobaron las instrucciones públicas relativas al procedimiento de concesión de las ayudas financieras a las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales de Andalucía previstas en el Decreto-Ley 10/2013, de 17 de diciembre. Este Decreto-Ley fue publicado en el BOJA nº 248, de 20 de diciembre de 2013. El hecho ha sido denunciado por el blog anticorrupución andaluz denominado "13 minutos con Escribano".

Aunque la Resolución del Director General de la Agencia IDEA establece lo que en términos jurídicos se suele denominar "bases reguladoras" de ayudas o subvenciones y efectúa la convocatoria de dichas ayudas, el título utilizado para la citada Resolución oculta su verdadera naturaleza a la mayoría de ciudadanos, porque vulnera el ordenamiento jurídico, incluyendo incluso el quebrantamiento de preceptos constitucionales.

La Junta se ha servido de una norma de rango legal como es el decreto-ley, sólo posible en casos excepcionales tasados legalmente aunque muy habitual para el Consejo de Gobierno andaluz, otorgando a una agencia pública empresarial (Agencia IDEA), que se rige por el Derecho Privado (laboral, mercantil y civil), la potestad administrativa exorbitante no sólo de tramitar las solicitudes de ayudas y de concederlas, que ya de por sí es grave, sino peor aún, la de aprobar las normas que regulan el procedimiento de concesión, cuando esa potestad sólo la posee el Consejo de Gobierno y los titulares de las Consejerías, en este caso la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, una de las Consejerías más investigadas por la Justicia.

Según el artículo 97 de la Constitución española corresponde al Gobierno ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía se establece que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, y que las personas titulares de las Consejerías tienen potestad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias internas de las mismas.

Fuera de estos supuestos, sólo podrán dictar reglamentos –los Consejeros y Consejeras- cuando sean específicamente habilitadas para ello por una ley o por un reglamento del Consejo de Gobierno. En materia de ayudas y subvenciones económicas, la legislación de Hacienda de la Comunidad autónoma otorga exclusivamente a los titulares de las Consejerías la posibilidad de regular mediante Orden el procedimiento para otorgarlas.

Aprobar la concesión de subvenciones

Sin embargo, la Junta, no sólo ha omitido los pasos legales que debía dar sino que tampoco ha recabado informes significativos, al ser la Agencia IDEA y no la Consejería quien ha resuelto aprobar el procedimiento de concesión de las subvenciones. Lo más escandaloso es que el propio Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz, a través del citado Decreto-Ley, es el que ha previsto que fuera la Agencia IDEA quien reglamentariamente estableciera el procedimiento de concesión, llamándolo eufemísticamente "instrucciones".

Que se conozca, ni la Intervención General, ni el Gabinete Jurídico ni las distintas Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías ni los demás Centros Directivos a los que se suele solicitar informes en la tramitación han puesto reparo alguno.

A partir de ahora, será la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la que evalúe las solicitudes de ayudas según los criterios, puntuaciones y ponderaciones objetivas que serán definidos, valorados y ponderados en las instrucciones públicas que al efecto apruebe la propia Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y el órgano competente para la tramitación, evaluación y concesión de los préstamos de recapitalización previstos e incluso de llevar a cabo el adecuado seguimiento de los mismos será la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Por tanto se mantiene el diseño que ha dado lugar a los escándalos judiciales en marcha: manejar fondos públicos, al margen de la fiscalización de las ayudas por la Intervención de la Junta de Andalucía. Cabe deducir que el gobierno de Susana Díaz no sólo no lucha implacablemente contra la corrupción como prometió al acceder a su cargo de presidenta, sino que mantiene el mecanismo esencial que la hizo posible.

El mecanismo de saqueo ya ha quedado acreditado en la instrucción del caso de los ERE's, así como en los numerosos informes de la Policía Judicial, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y de otros consejos consultivos de la Intervención General del Estado, de la misma Intervención General de la Junta de Andalucía, y últimamente también del Consejo Consultivo y de los demás Juzgados que están investigando el saqueo de fondos públicos.

En concreto, el mecanismo corrupto esencial consiste en que los fondos públicos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se transfieren a los entes instrumentales adscritos a la Administración Pública andaluza para ser manejados "eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas", según la juez Alaya.