Mas se mofa de la justicia y del Gobierno al aprobar la 'junta electoral' del 9-N

Artur Mas no cede. El proceso continúa y pese a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, la Generalidad y los partidos del bloque separatista prosiguen con su plan para celebrar un referéndum el próximo 9 de noviembre. A última hora de la tarde, Mas firmó el decreto por el que se nombra a los siete miembros de la comisión de control, la junta electoral, del referéndum del 9-N.

Con la publicación este viernes en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) de esas designaciones, Mas habrá dado un paso al frente, otro, en su estrategia de confrontación en el Estado. Es la ratificación del acuerdo al que el miércoles llegaron los partidos separatistas en el parlamento autonómico, en una sesión marcada por la actitud totalitaria de la presidenta de la cámara, la democristiana Núria de Gispert, que impidió hablar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Mas cuenta con la movilización de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y presiona a ERC, con cuyo líder, Oriol Junqueras, se reunirá este viernes, para que apoye la estrategia convergente, que pasa por llegar a un punto en el que la convocatoria de elecciones anticipadas sea la única solución. Pero Mas pretende, por si no fuera suficiente, que ERC acepte concurrir a esas elecciones con una lista conjunta. La Assemblea ha empezado ya su "puerta a puerta", la Generalidad prepara la consulta y Mas da alas a la desobediencia del parlamento. Por el momento, está cumpliendo, punto por punto, sus amenazas sin exponerse jurídicamente en lo más mínimo.

El peso de la responsabilidad corre a cargo de Unió. Joana Ortega, vicepresidenta del gobierno catalán, y Ramon Espadaler, consejero de Interior y responsable de los Mossos, son los directamente aludidos en el notorio incumplimiento de la suspensión cautelar del referéndum decretado por el TC. Y los dos pertenecen a Unió, cuyo líder, Josep Antoni Duran Lleida, permanece "desaparecido".

La tesis más difundida en los ambientes nacionalistas es que la firma de este nuevo decreto por parte de Mas se debe a la reunión que celebrará este viernes con el resto de los líderes del bloque separatista. Según esta versión, Mas pretendería mostrar su predisposición a llegar hasta el final en el desafío con el Estado.

Sin embargo, lo que planteará a Oriol Junqueras y a David Fernàndez, líder de las CUP, será un pacto para celebrar unas elecciones autonómicas "plebiscitarias". Lo más previsible es que ERC y las CUP rechacen la oferta e insten a Mas a mantener el pulso con el Estado hasta las últimas consecuencias.

Ante la evidente burla de Mas a la ley, cabe esperar una respuesta de la Fiscalía General del Estado, ya sea de oficio o a instancias del Gobierno. Con la firma de un decreto que supone el desarrollo de una ley suspendida por el Tribunal Constitucional, el fiscal tendría en su mano llevar a Mas a los tribunales por un delito de desobediencia, que conlleva penas de inhabilitación de hasta dos años.

Este mismo jueves, cuando todavía Mas no había dado el paso de empezar a ejecutar la ilegal Ley de Consultas, la delegada del Gobierno en Cataluña aseguró en una entrevista que la Abogacía del Estado estaba analizando la aprobación en el Parlamento Catalán de la junta electoral del 9-N. Según dijo, el Gobierno está dispuesto a tomar medidas para "reponer la legalidad y hacer cumplir la suspensión" de la consulta. La respuesta podría llegar en el Consejo de Ministros de este viernes.