El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz donde da por finalizada la instrucción del caso Bárcenas es demoledor: durante 18 años el Partido Popular se sirvió de una "caja B".
En la resolución de 190 folios, Ruz detalla cómo con esa contabilidad paralela se pagaron sobresueldos, campañas electorales, compensaciones económicas para los hombres de finanzas del partido, aportaciones a fundaciones, Ongs y ayudas víctimas del terrorismo, entre otros apartados.
Aportaciones a fundaciones
Sobresueldos al gerente
Compensaciones económicas
"Entre diciembre de 1991 y noviembre de 1995 se efectuaron diversos pagos periódicos procedentes de la "Caja B" de la formación política, en cuantía total de de 14.400.000 pesetas (86.545,74€) a través de un conjunto de 23 salidas de capital en efectivo, que fueron entregadas a Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, entonces diputado nacional por Navarra, durante sus estancias en Madrid para su entrega final a Calixto Ayesa Diada, al objeto de compensar transitoriamente al mismo por su dedicación política como consejero por el PP del gobierno de Navarra tras el pacto en 1991 de UPN y PP y en atención al detrimento patrimonial sufrido al tener que cesar en su actividad profesional como dermatólogo tras ocupar el cargo de Consejero de Salud del ejecutivo navarro", sostiene Ruz.
Ayudas a víctimas del terrorismo
El juez relata varios episodios en los que en la contabilidad B sirvió para ayudar a algunas víctimas del terrorismo. En el mes de julio de 1999, como consecuencia de un atentado cometido por la organización terrorista ETA sobre un establecimiento comercial de su propiedad ocurrido en el mes de febrero del mismo año, Santiago Abascal –concejal por el PP en Amurrio, Álava- recibió de parte de Álvaro De Lapuerta, procedente de la "Caja B" de la formación, una cantidad de 2.000.000 de pesetas, "entregada a modo o en concepto de ayuda o compensación por los daños económicos sufridos derivados de la referida acción terrorista, y que no tuvo reflej o en la contabilidad oficial del Partido".
En el mes de julio de 2000, con motivo del asesinato terrorista de José María Martín Carpena, concejal del PP en Málaga, por los responsables de tesorería y gerencia del Partido "se destinaron sendos importes de 2.015.000 ptas y 160.000 ptas, procedentes de la caja "B" de la formación, para la cancelación de un crédito existente a favor de Volkswagen Finance, así como para realizar un ingreso en efectivo en una
En fecha 28 de julio de 2001, tras haber asumido el compromiso al efecto el tesorero Álvaro Lapuerta con el entonces diputado nacional por el PP Jaime Ignacio del Burgo "se hizo entrega al mismo de la cantidad de 500.000 pesetas procedentes de la "Caja B" de la formación política, al objeto de ayudar a la concejal de UPN Elena Murillo Gay para el alquiler de una vivienda, con motivo del atentado perpetrado por la organización terrorista ETA el 15 de abril de 2001 en el domicilio de aquélla en la localidad de Villalba".
Pago de campañas electorales
En su auto Pablo Ruz detalla también como el PP sufragó parte de las campañas electorales con su caja B. "Constan en los registros contables analizados un conjunto de salidas vinculadas al concepto campaña por un montante de 1.176.000€ recogiendo "Entrega a Javier Rojas", "Pago a J. Rojo (campaña)", "J Rojo Valls", "A Sevilla", "A Málaga", "D JL Sach a Sevilla", "de Ramón Aige a Sevilla", "De J.L. Sánchez para Andalucía", "Cantabria", "Cantabria campaña", "Entrega a Cantabria", "A Cantabr.", "Campaña europea", tratándose indiciariamente de cantidades destinadas a financiar las campañas electorales de candidatos del Partido Popular", recoge el auto.
Asimismo, en julio de 2004 Bárcenas y Lapuerta dieron un primer pago por importe de 3.000 euros, procedentes de la "Caja B" del Partido, a Luis Fraga Egusquiaguirre, quien previamente había procedido a reclamar "una compensación al gerente del Partido como consecuencia de los gastos personales en que tuvo que incurrir para el pago de las actividades de campaña electoral a las elecciones generales de 2004 en las que se presentaba como candidato por el Partido Popular a las listas del Senado por la provincia de Guadalajara".
Sedes del PP
Junto con la reforma de las obras de Génova 13, la sede nacional d elos populares, la caja B del PP sirvió para sufragar la compra de sedes regionalesde esta formación como, por ejemplo, la de La Rioja. En concreto Ruz, explica que en dicha autonomía recibieron un poder otorgado desde la Sede Central del Partido para poder adquirir una nueva sede regional.
"La aportación por importe de 200.000€ procedente de la Sede Central del Partido y reflejada en su contabilidad oficial vino determinada por la anterior percepción por parte de Luis Bárcenas, todavía gerente nacional del PP, en fecha de 26/05/2008, de idéntica cantidad, procediéndose por el mismo a reflejar en los registros contables a cargo suyo y del tesorero Sr. De Lapuerta, la correspondiente entrada de fondos por importe de 200.000,00€ en la precitada fecha, bajo el concepto "Entrega de La Rioja", presuntamente procedentes de aportaciones efectuadas por terceros ante el PP de La Rioja, en fondos "B" y aj enas a su contabilización oficial, y que le habrían sido entregadas a Luis Bárcenas por responsables de dicha formación", explica Ruz.
Otros conceptos
- Pago de 170.000 pesetas en enero de 1992 a presentadora de televisión por participación en acto electoral del Partido.
- Pagos por importe conjunto de 2.800.000 pesetas, en los meses de marzo y mayo de 1992, a un catedrático por la confección de estudios políticos para el Partido.
- Pago parcial de dictamen de abogado, en el mes de junio 1992, por importe de 3.000.000 ptas.
- Pago de 2.000.000 ptas por servicios facturados por el Instituto de Estudios Sociales, SRL, en septiembre de 1992. empresa cuyo administrador único es Pedro Arriola, marido de Celia Villalobos, asesor áulico de Aznar en aquella época y de Rajoy en la actualidad.
- Pago de 400.000 ptas, documentado en dos recibos girados por la notaría de Francisco Lucas Fernández en el mes de octubre de 1992, por importe cada uno de 200.000 ptas, por gastos de notaría, e impuestos.