El rechazo a la inscripción del nombre "Partit Demòcrata Català" (PDC) para rebautizar los restos de Convergencia ha causado gran conmoción, enorme irritación entre los separatistas y la consecuente campaña de agit-prop. La proximidad del "Onze de Setembre" es el caldo de cultivo de la nueva agresión de España contra Cataluña, según la retórica catalanista. Artur Mas, el presidente del PDC, pide ayuda a la ciudadanía y Carles Puigdemont, su sucesor al frente de la Generalidad anuncia su presencia en una de las cinco manifestaciones de la Diada, la de Salt, población colindante con Gerona.
La prensa adicta al procés y los medios públicos redoblan la consigna de la "Operación Cataluña", una teórica ofensiva orquestada contra el "soberanismo" que va desde el poder judicial a las cloacas del Estado, una auténtica "guerra sucia", según Mas. Y la última prueba, el nombre y fines del nuevo partido.
De nada ha servido que el Registro de Partidos Políticos haya desmentido a Artur Mas. El Ministerio del Interior no ha denegado la inscripción de la nueva Convergencia, sino que ha requerido a la formación para que "subsane los numerosos defectos formales que han encontrado en los estatutos presentados", sostiene en un comunicado. Además, Interior califica de "trámite" la actuación. No es, en absoluto, la resolución del expediente.
El requerimiento se dirigió a la atención de Clara Tarrida, una asesora y militante del partido licenciada en Economía. Tarrida tuvo un papel clave en la burocracia del tránsito de CDC a PDC y es la firmante del documento fallido. En el partido se considera que es una "gestora eficaz", pero la chapuza burocrática es notoria.
Aprovechamiento político
No así el aprovechamiento político que está haciendo Artur Mas, quien, de entrada, se reservó el aviso del registro hasta este miércoles, a cuatro días del "Onze de Setembre" a pesar de que la notificación se produjo el 30 de agosto. Cuanto más ruido alrededor del 11-S, menos posibilidades de que se consume un fracaso de participación.
En cuanto al nombre, los propios dirigentes del nuevo partido sabían de antemano que tenían la batalla perdida en tanto que hasta sus socios de Demòcrates de Catalunya (escisión de Unió), más el Partit Demócrata de Catalunya y una Plataforma Democràtica de Catalunya se habían dirigido formalmente a Interior para hacer constar su oposición.
Laporta tiene la solución por 350.000 euros
La "solución" a la que ayer se refirió Mas y que pretende desvelar en los próximos días pasa por la adquisición del nombre "Democràcia Catalana", legalmente inscrito en el Registro de Partidos Políticos y propiedad del expresidente del Barça, Joan Laporta. Según el digital Crónica Global, Mas estaría sopesando abonar los 350.000 euros en los que está valorado ese nombre en la actualidad. Las buenas relaciones entre Laporta y el matrimonio Puigdemont-Topor pueden facilitar el acuerdo.
En ese caso, "Democràcia Catalana" sería el nombre a efectos legales y "Partit Demòcrata Català", la marca electoral.
En cuanto a la "amenaza" de aplicar la Ley de Partidos, Interior aclara que "los fines perseguidos por el partido no forman parte de dicho requerimiento". Se le advierte, eso sí, que "el no sometimiento al ordenamiento jurídico para la consecución de dichos fines podría ser contrario al artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos".
Alude a las "bases fundacionales" del PDC, en las que se afirma: "El Partit Demòcrata Català quiere que Cataluña se organice políticamente como un Estado independiente, sin renunciar a la vía unilateral para alcanzar este objetivo".