El denominado caso Gürtel ha subsistido en publicaciones periodísticas, en sermones de políticos a lo largo y ancho del espectro. También en informaciones periódicas, por lo común incomprensibles para cualquiera. Y así durante 17 años desde que se cociera el supuesto ilícito. En una jornada de overbooking judicial, la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (en Madrid) ha presentado el retrato de ese nombre tantas veces repetido y tantas pocas explicado, el de la trama de corrupción por excelencia que empaña casi dos décadas de poder del Partido Popular.
Asomaba la cabeza en la misma lámina otro procedimiento con tintes políticos. Solo una veintena de peldaños ha separado en San Fernando a los 65 acusados en el caso de las tarjetas black, alojados en la planta primera del edificio, de los 37 miembros del banquillo de Gürtel, reunidos en la planta baja. Uno de ellos, Rodrigo Rato, es a la vez imputado por las tarjetas supuestamente opacas que tomaron 12 millones de Caja Madrid y Bankia; y testigo de la trama que ocupa.
La Gürtel cuyo boceto perfiló el juez Baltasar Garzón –apartado de la carrera por escuchas ilegales que practicó sobre conversaciones de varios investigados con sus abogados en la cárcel–, desarrolló en lo sucesivo Pablo Ruz y aún remacha José de la Mata como actual titular del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. Aunque en la principal pieza separada de la trama, esta conocida Época Primera, las conclusiones que se enjuician llevan la rúbrica de un Ruz que siempre insufló vida a la supuesta caja B del PP.
Casi dos horas de delitos
Según esta investigación sobre hechos enmarcados entre 1999 y 2005, los 37 acusados se acomodaron en el engranaje una red de corrupción que colmaba los bolsillos de políticos, funcionarios y empresarios. Un sistema que ideó y encabezó Francisco Correa –que se enfrenta a 125 años de cárcel– con la colaboración de Pablo Crespo, exdirectivo popular –que se juega 85 años de prisión–. Al parecer, se ganaron el favor de políticos organizando campañas electorales. Representantes públicos que al final se plegaron a sus condiciones: amañaban contratos para adjudicar al grupo Correa, que a cambio, compensaba con comisiones monetarias o en especie.
Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación. Hasta once tipos circunscritos al ámbito político de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, sus Ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda y el municipio malagueño de Estepona se someten a práctica de prueba. Siquiera en juicios menores se suele aplicar en el arranque la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque el Tribunal sí ha autorizado este lunes a la secretaria judicial, ahora llamada letrada de la Administración de Justicia, para que leyera delito por delito la acusación al completo.
Juicio a una sola voz que ha copado casi dos horas de sesión y que ha dejado paso a las llamadas cuestiones previas, cuando las partes buscan planteamientos previos de acuerdo con sus intereses. No sorprende tanto que Correa haya renunciado a ellas, sabida su intención de colaborar con la Justicia en busca de atenuantes. Pero el resto de los acusados sí han apretado, sobre todo, para demostrar que buena parte de los delitos habrían prescrito. En cualquier caso, será el Tribunal quien resuelva esta circunstancia, como la nueva petición de la asociación ADADE -que fue rechazada en instrucción- de que comparezca Rajoy como testigo.
Se ha mostrado especialmente obstinado el abogado de Luis Bárcenas. Un Joaquín Ruiz de Infante que se ha adherido a todas las cuestiones planteadas por sus excompañeros. Sostienen también que las grabaciones en la cárcel ordenadas por Garzón son nulas y que se vulneraron las normas de reparto para forzar que el juez progresista dirigiera la investigación. El extesorero del PP ha hablado además de la invalidez de comisión rogatoria enviada a Suiza para indagar sobre su fortuna y ha pedido explicaciones a Fiscalía sobre su intención de cambiar el orden de interrogatorios a los acusados porque pueden encerrar algún acuerdo de conformidad.
Ana Mato y el Partido Popular
Solo un asiento vacío en este primer cuadro de Gürtel. El de la exministra de Sanidad, Ana Mato, incorporada en la misma situación jurídica que el Partido Popular. Son partícipes a título lucrativo, es decir, se aprovecharon de los beneficios, pero desconocieron el delito. La formación podría pagar una multa de 328.000 euros y ella de 28.000 por los presuntos borrones de su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo.