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El juez de la Operación Púnica imputa al presidente de Murcia

Le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por presuntos pagos fraudulentos a empresas de De Pedro.

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El juez de la Operación Púnica imputa al presidente de Murcia
Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia | EFE

El juez Eloy Velasco ha acordado la formación de la pieza tercera de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en Murcia. Dirige el procedimiento contra 22 personas, entre ellas el exconsejero de Educación y actual presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, al que atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada; y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro, para la que aprecia además indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada.

Según el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Pedro Antonio Sánchez se habría concertado con las empresas del supuesto hombre enlace Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación. En realidad, explica el magistrado, las actividades presuntamente ilícitas encubrían pagos de trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.

En el caso de la senadora Barreiro, el magistrado le atribuye los amaños de adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación t además la financiación con dinero público de las campañas de publicidad de turismo en Cartagena. Se refiere a trabajos concretos como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.

Condición de aforados

Eloy Velasco precisa que el hipotético enjuiciamiento de la senadora le correspondería al Tribunal Supremo y el del presidente murciano al Tribunal Superior de Justicia de la Región. De esta forma, debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, su condición de aforados, "al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes la oportuna exposición razonada".

El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de la Operación Púnica. En esta vertiente, se dirige también contra Alejandro de Pedro, el exconsejero Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos ex directoras generales, entre otras autoridades y funcionarios. Incluye como responsables a cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

El juez detalla que Pedro Antonio Sánchez, "quien pretendía igualmente convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia", actuó con De Pedro del mismo modo que José Antonio Alonso Conesa. Se pusieron en marcha los contactos entre ellos, valorando los trabajos reputacionales en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista y la creación de un portal de educación que daría cobertura, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro. La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, facturándose bajo el concepto "formación". Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada "Púnica".

El contrato reputacional sobre la persona de Pedro Antonio Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding "Pedro Antonio Sánchez", creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, 1 periodista e informes mensuales, todo ello con un coste de 4.600 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, con un importe total de 32.200 euros.

Promesas incumplidas

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia también investiga al presidente de la Comunidad por el caso Auditorio. Se le imputan presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por el presunto amaño de un contrato durante su etapa como alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Al parecer, el Ayuntamiento eligió a dedo al futuro beneficiario de la concesión del auditorio, el arquitecto Martín Lejarraga. Ante las quejas del Colegio de Arquitectos por lo que parecía un amaño a todas luces, el Consistorio decidió sacar el proyecto a concurso. Un concurso que, según los indicios, "fue una farsa" y se efectuó a medida del candidato.

El presidente regional negó los indicios y señaló a la oposición, en concreto al PSOE, como origen de esta investigación. "Mis convicciones son más fuertes que mis enemigos". También se comprometió a dejar las responsabilidades políticas si un Tribunal le imputaba. Sigue funcionando el reloj.

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