Francesc Homs era el portavoz del PDeCAT, el nuevo nombre de Convergencia, en el Congreso cuando el Tribunal Supremo abordó el expediente de su participación en el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Se sumaba así al trío formado por Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, en cuyo caso era competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Homs fue llamado a declarar dos veces, los pasados 19 de septiembre y 22 de noviembre de 2016, y el 27 de febrero de este año arrancaría el juicio que concluyó con una sentencia de dos años de inhabilitación y multa de treinta mil euros por los delitos de desobediencia y prevaricación. En las tres fechas, miembros del gobierno autonómico así como altos cargos nacionalistas se desplazaron ex profeso desde Barcelona para dar consuelo, afecto y calor a Homs en sus trances judiciales.
A pesar de que entre las funciones de los consejeros de la Generalidad no figura la de arropar a un correligionario en la capital de España, los desplazados cargaron los gastos del viaje, billetes, comidas y hoteles a los fondos públicos. La primera vez, el 19 de septiembre, acompañaron a Homs ante el Supremo la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, la de Agricultura, Meritxell Serret, y el de Cultura, Santi Vila, cuyos gastos ascendieron a 4.173,66 euros. El 22 de noviembre se pasó a palabras mayores y fueron el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, quienes dieron ánimos a Homs. El coste, 3.792,20 euros. En la cita del juicio, el 27 de febrero, repitieron viaje y gastos Munté y Borràs y se sumaron a la excursión el "minister" de Relaciones Exteriores Raül Romeva y el titular de Infraestructuras, Josep Rull. La factura ascendió a 5.504,90 euros. Así pues, la solidaridad del gobierno catalán casi en pleno con Homs ha costado 13.470 euros pagados con fondos públicos.
Defensa de los gastos
La portavoz Munté es la que aporta esta información en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del PP. En el texto, Munté trata de justificar el uso de dinero público para fines partidistas y alega que no se trataba de acompañar a Homs sino de "defender de forma patente, evidente y fehaciente las instituciones catalanas, así como el ejercicio de la democracia y de la participación de los ciudadanos de Cataluña ante la ofensiva judicializadora del Gobierno del Estado".
Según Munté, los viajes forman parte del ejercicio de las funciones del Gobierno de la Generalidad y deben ser cargados al presupuesto público puesto que se trató de desplazamientos efectuados con el fin de defender "el autogobierno y el ejercicio de la democracia".
Se da la circunstancia de que Homs ha pagado la multa gracias a un colecta organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que pretende abonar también las multas impuestas a Mas, Rigau y Ortega. Homs, que ha recuperado protagonismo en la política catalana tras su inhabilitación, declaró el pasado jueves que "hemos declarado la guerra democrática a España, esto no tiene marcha atrás, pero la relación coste/beneficio (del proceso) nos es extraordinariamente favorable".