La Guardia Civil ha acudido a la Audiencia Nacional con dos encargos en forma de petición a la juez Carmen Lamela, que instruye la causa abierta por sedición, de momento, contra el Mayor Trapero, la intedenta Teresa Laplana y los presidentes de Ominium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente. Por un lado, que bloquee las cuentas de ambas entidades separatistas, referentes del movimiento en las calles. Por otro, que investigue a los Mossos que, desoyendo las órdenes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no impidieron el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
La financiación de Omnium y la ANC vuelve a la palestra. La Guardia Civil ha pedido a la magistrada que ordene a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que, además de intervenir las cuentas de las dos organizaciones, faciliten "todas las informaciones y datos" de sus archivos: depósitos, préstamos, cuentas, cheques, tarjetas de crédito, fondos de inversión, así como todos sus titulares y autorizados. También solicitan un seguimiento del rastro de las transferencias.
Identificación de los Mossos desobedientes
El atestado, registrado por la Guardia Civil el pasado viernes en la Audiencia Nacional, incluye como segunda petición que Lamela identifique "a todos y cada uno de los agentes" de la Policía autonómica catalana que se enfrentaron con ellos mientras trataban de cumplir con el mandato judicial de impedir el referéndum ilegal.
La Guardia Civil dirige el foco a su vez a los principales responsables del cuerpo que difundieron la decisión de no respetar la legalidad. El instituto armado pide a la juez que requiera todas las actas y atestados redactados por los Mossos el 1 de octubre y la información sobre operaciones de seguridad ciudadana y "control de masas" para evitar el referéndum.