Ha sido la primera comparecencia ante los medios de Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado. Quien fuera hasta diciembre magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo ha rendido homenaje al inicio de su intervención a su predecesor en el cargo al fallecido José Manuel Maza. Y, después de un repaso a nivel interno de los objetivos y las carencias Ministerio Fiscal, ha analizado las cuestiones más interesantes de la actualidad y las "paradojas" del proceso separatista en Cataluña.
Sánchez Melgar ha confirmado que, de acuerdo con la ley, Carles Puigdemont "no puede ser juzgado en rebeldía" porque se le atribuyen delitos castigados con penas superiores a dos años. "En mis años de experiencia profesional, y son más de 35, nunca habíamos asistido a una circunstancia de esta naturaleza. Habíamos tenido prófugos, pero nunca a un fugado que se supiera exactamente dónde estaba y que nos anunciara sus movimientos en cada momento. Cuando una persona estaba fugada, no sabíamos dónde estaba. Este proceso tiene paradojas como es natural".
El fiscal general del Estado ha deslizado en varias ocasiones que los investigados por el proceso se enfrentarán a condenas importantes. Lo ha hecho en primer lugar cuando ha detallado el momento en que la Fiscalía solicitó la reactivación de la euroorden contra el expresidente catalán: "Lo hicimos en función de dos parámetros: aprovechando el viaje a Copenhague, una petición limitada a Dinamarca que no incidiera en la suspensión en Bélgica y por los delitos mayores de rebelión/sedición. No veíamos factible que en un supuesto enjuiciamiento a finales de años hubiera acusados por graves penas –a lo que ha añadido posteriormente un "tal vez, sería probable"– y una persona que podría ser el director de todos ellos o el protagonista sustancial –en clara referencia a Puigdemont– acusada con una pena inferior".
En este sentido, reclamarán en su momento que se active la euroorden "pero que solo por los delitos más graves, sedición o rebelión. La prevaricación o desobediencia no encajan con lo que hablamos. No imagino una rebelión juzgada conjuntamente con una desobediencia, va implícita. Lo pedíamos y lo seguiremos pidiendo por rebelión porque solo así se puede justificar una simetría en el enjuiciamiento".
La Fiscalía considera en cualquier caso que la investigación se encuentra en un grado "muy incipiente" en el que se están perfilando los hechos: "ni siquiera tenemos claros los delitos, no podemos plantear si hay una organización delictiva". Sobre los tiempos, a Sánchez Melgar le parecen "factibles" los manejados por el Supremo: el auto de procesamiento en junio, el juicio en otoño y la sentencia en diciembre.
"No puedo decir si la Guardia Civil está investigando a Elsa Artadi", ha contestado en referencia a la posible sustituta de Puigdemont como candidata a la presidencia de la Generalidad de Juntos por Cataluña. Tampoco ha valorado la presencia de Jaume Roures en las actuaciones ni ha contemplado la posibilidad de suspender a la ANC y Òmnium Cultural. Curiosamente, el ministro de Justicia Rafael Catalá ha abandonado el desayuno informativo justo antes de que el FGE abordase la cuestión catalana por el debate sobre la Ley de Protección de Datos en el Congreso de los Diputados.
Granados, delitos de odio e independencia
En presencia de Carlos Lesmes, máximo representante del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, representantes de los partidos y magistrados de los principales órganos, Sánchez Melgar ha hablado "dos meses y tres días después del nombramiento: le aseguro que lo llevo por cuenta porque cada día es un nuevo reto en mi carrera profesional y mi servicio a la ciudadanía".
Sobre los delitos de odio, "nos preocupa, a falta de jurisprudencia, que no haya claridad en los límites entre el comportamiento delictivo y la libertad de expresión. Lo hemos visto también en las redes sociales, que están teniendo comportamientos relativos a los toreros y personajes de interés público. No puede decirse cualquier cosa, frente a la libertad de expresión está también el honor, porque las redes sociales están ligadas a la publicidad. Creo que es necesaria una revisión".
En una reflexión provocada por la última declaración de Francisco Granados, el FGE ha admitido que "toda persona que confiese aportando pruebas que tengan una consistencia documental podrán tener algún objeto de valoración respecto a una posible atenuante de colaboración Pero aquello que no es más que una estrategia defensiva, no es más la palabra por la palabra, no puede tener ningún valor para la Ministerio Fiscal. Las acusaciones se hacen con pruebas. Podríamos estudiar las consecuencias de estas difamaciones gratuitas. En este momento son gratuitas y creo que deberían ser compensadas con una sanción. Pueden afectar de manera negativa para el honor de las personas. Además, es una demanda social. Así como vemos también que los mensajes en las redes todo es gratuito, esto es lo mismo".
Interpelado por la prisión permanente revisable, el fiscal general del Estado entiende que "el tema de la política criminal corresponde a los cuerpos legislativos. Nosotros mostramos la posición en proceso prelegislativo, pero fuera de ello no opinamos".
La idea primordial que ha de inculcarse se reduce en que para el Ministerio Público rige siempre el mismo sistema, el sistema de la ley. Las actuaciones relativas a Cataluña constituyen un buen ejemplo de la obligación de la Fiscalía de defensa del orden constitucional. Apuesto desde este primer momento por la independencia del Poder Judicial. El FGE no puede recibir órdenes e instrucciones de otro poder o autoridad. Necesita Independencia, una palabra incluso más contundente que autonomía o imparcialidad. El Gobierno puede interesar al FGE el impulso de actuaciones, pero, oídos los fiscales de Sala, éste debe tomar su propia decisión.
Respecto del proceso independentista, "uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la democracia", la Fiscalía "participa del deseo general de recuperar la convivencia en el marco de constitucionalidad. No alcanzamos a entender por qué hay que cumplir la ley en una parte del Estado y no en otra. Es mi propósito impulsar la acción de la fiscalía, nunca seremos oportunistas ni políticos en esta materia".