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Registros en la Generalidad por la presunta malversación durante el 1-O

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona Ramírez Sunyer no ha ordenado expresamente ninguna detención.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona Ramírez Sunyer no ha ordenado expresamente ninguna detención.
Palacio de la Generalidad | Wikimedia

La Guardia Civil busca las pruebas concluyentes del delito de malversación de fondos públicos en la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez que instruye la causa en Barcelona ha ordenado una serie de registros. Agentes del Instituto Armado intervienen desde primera hora el Palau de la Generalidad, el Departamento de Presidencia, la sede de la entidad separatista Òmnium Cultural y hasta el domicilio particular del secretario de Difusión y Atención Ciudadana Antoni Molons, retenido hasta que finalicen las entradas. Se incautan de documentación clave.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer no ha ordenado expresamente ninguna detención. La Guardia Civil en colaboración con el magistrado apuntalarán los informes que apuntan a Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y a otros cuatro exconsejeros, por la tramitación de facturas abonadas a la empresa Unipost, que distribuyó las cartas informativas de la consulta. El coste ascendió a casi un millón de euros, al que hay que sumar otro medio millón que, según la Guardia Civil, gastó en campañas de publicidad en medios de comunicación para promover la participación.

La Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, referentes del movimiento y las concentraciones multitudinarias en las calles, habrían participado en la organización del 1-O. Los registros ordenados en esta nueva ronda responden al presunto desvío de dinero de las entidades, que reciben millonarias subvenciones de dinero público, al referéndum y la posterior declaración de independencia.

Ante los agentes de la Guardia Civil, Molons afirmó el noviembre pasado que fue Jordi Turull como consejero de Presidencia quien autorizó el contrato marco de la campaña "Civisme", que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y el referéndum sí se emitió en los medios públicos de la Generalitat.

Sobre este anuncio, Molons alegó durante el interrogatorio que desconocía quién lo creó, aunque detalló que le llegó desde Presidencia y que la persona que le dio el mensaje de la campaña de "Civisme" fue Turull, aunque no le entregó ningún documento digital sobre la campaña ni instrucciones de cómo llevarla a cabo, ya que esas instrucciones "fueron verbales", según las fuentes.

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