La provincia de Cádiz es, probablemente, la más castigada socialmente de Europa, de España y de Andalucía. Junto al radical desastre de paro que vive desde siempre (un parado le contestó al New York Times hace años que el paro era una cosa más de la vida como el amor y la muerte), debe compensar su escasa economía con la ayuda del tráfico de drogas, ayuda ya complementaria como denunció la Fiscalía gaditana, y el otro tráfico, el de la inmigración incesante desde Marruecos u otros países a sus costas.
Al comienzo de este que se augura ya breve gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, ocurrió el lamentable asunto del barco Aquarius, con una carga de inmigrantes procedentes del norte de África que intentó recalar en Italia. Aquí, el gobierno de Pedro Sánchez, en un gesto de propaganda política sin precedentes, decidió acoger a sus 63º inmigrantes ilegales con fastos, permisos especiales y dinero sin freno en Valencia al tiempo que muchos, muchísimos más, seguían llegando a Cádiz, a Málaga, a Granada y Almería.
Desde aquel momento hasta ahora, son miles los inmigrantes llegados, por ejemplo, a Cádiz. Pero el gobierno de Pedro Sánchez ya no obtiene réditos políticos con su presencia. Ayer mismo, medio Aquarius, 327 personas en 26 pateras, fueron rescatadas por las fuerzas de salvamento españolas. El lunes, lo habían sido otros 200. Pero el gobierno Sánchez no abrirá el centro de acogida hasta el 1 de agosto.
¿Dónde están mientras tanto? Pues todos los miles de inmigrantes llegados anteriormente son asistidos, lo subraya ABC, en los centros y pabellones habituales, municipales, de la Cruz Roja, Institutos y organizaciones humanitarias, ayudados por la Guardia Civil, los efectivos de Salvamento Marítimo y muchos voluntarios.
Los que han llegado estos días tienen que seguir a bordo de un barco de Salvamento Marítimo que lleva por nombre María Zambrano en honor a la filósofa andaluza que creía al liberalismo reformista un antídoto contra el marxismo también en lo social. Allí esperan que se les traslade a tierra, pero ayer mismo se les unieron 49 más procedentes de Barbate.
El nuevo delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, reconoció ayer el atasco de servicios sociales que presentaba la provincia más sureña de España. "Estas personas desembarcarán en cuanto desatasquemos todos los servicios que posteriormente tienen que cubrirse por parte de Cruz Roja, el Cuerpo Nacional de Policía o de las ONG», dijo.
Los datos son apabullantes. Sólo este lunes llegaron por el Estrecho de Gibraltar 265 personas y otras 205 más al Mediterráneo oriental andaluz. Ya son miles los llegados desde el show político del Aquarius, no hay sitio ni en las Comisarías, en los Centros especializados, ni en los pabellones improvisados ni en los locales de las ONG. ¿Solución? Que sigan por ahora en el María Zambrano.
El colapso se da en el Campo de Gibraltar, desde Tarifa a Algeciras, y la asistencia de urgencias se ha trasladado a Jerez y a la propia capital, Cádiz.
Se asegura en la delegación del Gobierno de Andalucía que el 1 de agosto estará operativo el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) que se erige en San Roque, con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para adelantar trabajos pero ayer sólo "había algunas estructuras de camas montadas y colchonetas apiladas", subraya el diario mencionado.
El plan de emergencia que se anuncia desde el gobierno Sánchez no se vislumbra y el Sindicato Unificado de Policía (SUP asegura que la situación es "caótica en toda su extensión". Todo se ha desbordado y no existe planificación alguna ante la avalancha inmigratoria del comienzo de este verano.
Textualmente el SUP dice que "resulta incomprensible que en la costa de Cádiz no haya más planificación. Debería estar todo organizado desde hace meses. Lo que está ocurriendo es improvisación en estado máximo… la situación excepcional que estamos viviendo en los últimos meses en la provincia, con la llegada de miles de personas en pateras a nuestras costas ha desbordado y bloqueado totalmente el anticuado sistema establecido. Los recursos humanos y materiales son insuficientes. Es urgente una profunda revisión del desarrollo normativo en materia de extranjería".
Además, el SUP denuncia que los policías de Extranjería no pueden más, trabajando sin descansar ni un día a la semana. No podrán atender, anuncian, al nuevo centro de San Roque y denuncian que han sido puestos en libertad muchos inmigrantes tras las 72 horas reglamentarias y que vagan por la provincia sin medios ni destino.
Así que desde el Aquarius al María Zambrano hay todo un Mediterráneo donde la propaganda política se ha acabado y se necesita la ayuda humanitaria en serio además de una política sensata en materia migratoria.