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El Gobierno tira la toalla con los PGE al asumir las "altas probabilidades" de prórroga

Pese a los múltiples gestos, los independentistas aseguran que no se sentarán a la mesa, y el Gobierno planea una batería de reales decretos.

Pese a los múltiples gestos, los independentistas aseguran que no se sentarán a la mesa, y el Gobierno planea una batería de reales decretos.

"La esperanza es lo último que se pierde", decía este lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en Ferraz consciente de que ese momento ha llegado. Queda un mes para que el Gobierno presente en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado y los independentistas de ERC y PDeCAT se niegan a sentarse a la mesa avanzando un "no clarísimo" a las cuentas públicas. Un panorama tan negro que hasta el principal socio del presidente Pedro Sánchez, el líder de Podemos Pablo Iglesias, ha reconocido que el fracaso de los PGE supondrá un adelanto electoral.

Octubre de 2019 era y sigue siendo la principal quiniela del Ejecutivo habida cuenta de que el debate de totalidad que se podría celebrar a principios de año será con casi total probabilidad un panel de votaciones marcado en rojo. Un rechazo que anticipa el escenario de la prórroga de los anteriores presupuestos, los de Mariano Rajoy, que ya reconoce abiertamente la ministra de Economía, Nadia Calviño: "Seguimos trabajando para armar esos consensos y ese apoyo. Pero si no se hiciese, el sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios".

Un reconocimiento que, al parecer, le ha trasladado la titular de Economía al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovicci, tras su reunión previa al Eurogrupo en Bruselas ante las "altas probabilidades" de que fracasen los presupuestos y se prorroguen los del 2018. Escenario al que restan importancia también en Ferraz. En una extensa rueda de prensa, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y una de las voces más autorizadas del Ejecutivo, quitó hierro a esa prórroga porque "se hace automáticamente, no hace falta hacer ningún acto para ello".

Bajo la nueva consigna gubernamental del "con presupuestos o sin presupuestos" –abriendo la puerta al más que posible rechazo–, Ábalos reconoció que el Gobierno ya trabaja en el 'plan B' que consiste en que, una vez constatado el rechazo, el Consejo de Ministros pretende aprobar una batería de reales decretos ley para aprobar las medidas de su agenda social que incluyen las cuentas públicas. "Vamos a intentar que el salario mínimo aumente, que las pensiones se revaloricen... etc, etc. Es decir, la agenda social la intentaremos hacer con Presupuesto o sin Presupuesto".

El baño de realidad

El reconocimiento de esta nueva situación, pese a que el PSOE se aferra a "esperar nuevos acontecimientos", implica el 'acuse de recibo' de los independentistas de ERC y PDeCAT, que incluso se niegan a sentarse a la mesa de la negociación y anticipa un "no clarísimo" a los PGE. Pese a los constantes gestos al bloque catalán, el Gobierno reconoce ya haber maniobrado desde la Abogacía del Estado para descartar el delito de rebelión en los escritos de calificación del pasado viernes.

El argumento gubernamental empleado hasta el momento fue el del pasado viernes en Moncloa por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en relación a que la Abogacía actuaba con criterios "exclusivamente técnicos y jurídicos". Este lunes el ministro de Fomento convirtió en papel mojado ése argumento reconociendo el más que evidente papel del Ejecutivo.

"El Gobierno siempre usa a la Abogacía del Estado. ¿Qué vamos a hacer si no? Si la tenemos para eso", justificó el número tres del PSOE diciendo que "forma parte de la Administración del Estado como los gabinetes de comunicación". Pero añadió que "no hay injerencia ni hay cómo decirle a la abogado del Estado que te firme un informe que no sea ajustado a derecho", tal y como este lunes publicó el diario El Mundo.

Un giro en el discurso del Gobierno que también se produjo en torno a las palabras del presidente, Pedro Sánchez, en torno al delito de rebelión. El argumento que provocaba la risa el pasado viernes en Moncloa tras asegurar Carmen Calvo que cuando Sánchez hizo estas declaraciones en el mes de mayo "no era presidente del Gobierno" también fue desestimado por el ministro de Fomento cuando, a su manera, rectificó a la vicepresidenta: "El presidente del Gobierno y el secretario general son la misma persona", dijo con una sonrisa.

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