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El 1-O: el partido de ida se juega en el Supremo, el de vuelta en Estrasburgo

Los golpistas catalanes ya han desplegado ante el Supremo su estrategia de cara al juicio sobre el referéndum ilegal del 1-O.

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El 1-O: el partido de ida se juega en el Supremo, el de vuelta en Estrasburgo
El banquillo de los acusados en el juicio del 1-O | EFE

Este martes 12 de febrero arrancaba en el Tribunal Supremo el juicio más importante de la democracia española. En él, se juzga a los golpistas catalanes que pusieron en jaque al Estado de derecho con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento de Cataluña.

La defensa de los golpistas ha asumido una estrategia muy clara respecto a la causa: el partido de ida se juega en el Supremo en España y el de vuelta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Por su parte, el tribunal de 7 magistrados de la Sala Segunda del Supremo que capitanea Manuel Marchena ha afrontado el juicio sabedor de dicha estrategia, imponiendo su autoridad con puño de hierro y guante de seda.

No hay que olvidar que durante la instrucción, Bélgica y Alemania no colaboraron con la justicia española para entregar al líder del golpe fugado, Carles Puigdemont, poniendo en evidencia la inutilidad de las euroórdenes. Hablando concretamente sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, España aún sufre las consecuencias de la derogación de la doctrina Parot en el año 2013 que dejó en la calle a etarras, asesinos y violadores.

La primera sesión arrancaba con las cuestiones previas y la intervención de los letrados de los acusados. Todos aludieron a la supuesta vulneración de derechos con un horizonte muy claro, Estrasburgo. También buscaron resquicios en el espíritu garantista que atesora el Supremo solicitando que los acusados pudieran hablar en catalán durante sus declaraciones, o que pudieran sentarse al lado de sus defendidos durante los interrogatorios.

La segunda sesión tuvo un nombre propio, Javier Zaragoza. El fiscal del Tribunal Supremo plasmó en su intervención la firmeza del Estado de derecho y del ordenamiento jurídico español frente al golpismo catalán. Sus palabras provocaron una catarata de titulares. Los medios de comunicación dudaban para elegir la mejor. Y es que su intervención plasmó el compromiso del Ministerio Público por defender la Constitución y la unidad de España.

Aquí, algunos ejemplos: "Este es un juicio en defensa de la democracia y del orden constitucional y en defensa de un sistema político democrático"; "los poderes públicos han violado la Constitución en Cataluña con métodos violentos"; "la justicia penal reacciona tratando de restaurar la legalidad que ha sido quebrantada"; o "no es el independentismo lo que se juzga, son los gravísimos hechos que acaecieron en los meses de septiembre y octubre de 2017. En este proceso penal no se persigue una ideología".

También son destacables: "El ejercicio de los derechos no justifica desobedecer de forma reiterada, sistemática y contumaz al Tribunal Constitucional"; "Se han vulnerado los derechos de una mayoría silenciosa"; o "Algunos escritos de las defensas parecen auténticos libelos acusatorios con el exclusivo fin de desacreditar a la justicia española y a sus instituciones y con el ultimo propósito de cuestionar la calidad de nuestro Estado de derecho".

Vox dejaba su impronta en esta segunda sesión reprochando el uso del lazo amarillo golpista por el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, en la Sala. El tribunal fijaba criterio: la jurisprudencia europea avala el uso de simbología relacionada con la ideología de los acusados, mientras que el Estatuto General de la Abogacía prohíbe a los letrados su uso. Y es que el partido de vuelta se juega en Estrasburgo.

El golpe en la mesa de Marchena

La tercera sesión arrancaba con la resolución de las cuestiones previas solicitadas por las defensas de los golpistas. Manuel Marchena detallaba la respuesta de los 7 magistrados a las peticiones documentales, testificales y de logística del juicio. Las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales se contestarán en la sentencia.

No obstante, la parte logística dejaba sin argumentos a los letrados de los acusados. El tribunal autorizaba el uso del catalán a los acusados aunque impedía el uso de la traducción simultánea, que obligaría a todos los oyentes a disponer de auriculares para entender a los acusados. ¿Qué hicieron los golpistas? Declarar en español.

Una segunda petición desbarataba otra posible reclamación judicial ante el TEDH. El tribunal autorizaba a los acusados a declarar junto a sus letrados. ¿Qué hicieron los golpistas? Declarar sin moverse de su sitio. El tribunal no cayó en la trampa de Estrasburgo.

Después, llegó el momento en el que las defensas de los acusados tomaron la temperatura o midieron fuerzas con el presidente de la Sala de Enjuiciamiento. Los letrados comenzaron a protestar por las cuestiones previas, que a su juicio, no habían obtenido respuesta por el tribunal.

En ese momento, Marchena daba un golpe encima de la mesa y sin dejarse apabullar por las reclamaciones viscerales de las defensas mantuvo con firmeza el timón del barco y sofocó la primera "rebelión" en la Sala. Se garantizarán todos lo derechos de los acusados, pero no se aceptarán tomaduras de pelo en el juicio, ni las sesiones se convertirán en un circo.

El "martirio" de Junqueras

El 'coitus interruptus' de la tercera sesión llegó con la declaración del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Asesorado por su abogado, Andreu Van den Eynde, renunció a contestar a las acusaciones, es decir, a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox. Esta decisión privó a los oyentes de quizá el mejor enfrentamiento del juicio, el fiscal Zaragoza y Junqueras.

Lo que vino a continuación, ha sido bautizado de muchas formas: "El martirio de Junqueras", "la inmolación de Junqueras" o más irónicos "el nacimiento de Oriol Mandela". El exvicepresidente catalán desplegaba un mitin político frente al tribunal, renunciando a defenderse jurídicamente de las acusaciones de rebelión. Sólo negó la malversación en el referéndum ilegal del 1-O citando las desafortunadas palabras del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: "No se destinó dinero público para el referéndum".

Tras asegurar que era un "juicio político", y que él, por tanto, es "un preso político", dibujó una estrategia que anticipaba su condena en el Tribunal Supremo español, apostó todo por el partido de vuelta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: "Votar no es delito, nada de lo que hemos hecho es delito".

El TEDH no juzgará si Junqueras cometió una rebelión, sino si España respetó sus derechos fundamentales. Es aquí, donde Estrasburgo estudiará "su derecho a decidir". Por ello, el exvicepresidente catalán basó su estrategia en lo que se denomina "causa de exclusión de la antijuridicidad". Es decir, toda su argumentación totalmente ineficaz para librarse de la condena en el Supremo, servía para cebar su defensa de cara a Estrasburgo, alegando que no se ha respetado "su derecho a decidir en España".

Por poner un ejemplo es cómo si un periodista es juzgado por injurias y su defensa alega, que frente a las presuntas injurias, prevalece la libertad de expresión. Esta fue la estrategia de Junqueras, reconocer que planificó y organizó el 1-O, pero que no cometió ningún delito porque le ampara su derecho a decidir.

Otro aspecto cuestionado fue si el tribunal presidido por Marchena debía haber paralizado el mitin político de Junqueras. La respuesta es que el tribunal no puede impedir que responda a las preguntas de su abogado y cuánto más hablaba, en realidad más se estaba condenando en España, pero el partido de vuelta se juega en Estrasburgo.

La contradicción de Forn

El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, tomaba el relevo de Junqueras. Con un semblante más tenso y con un tono desafiante contestaba las preguntas que le formulaba con mucha sagacidad el fiscal Fidel Cadena, que logró acorralarlo en varios momentos del interrogatorio. Forn llegó incluso a acusar al fiscal de "crear un relato peliculero" sobre los hechos que se juzgan en la causa.

Forn aseguró que su "compromiso político" era celebrar el referéndum del 1-O. Posteriormente, incurría en una contradicción al asegurar a la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, que transmitió a los Mossos las órdenes judiciales de la Fiscalía y del TSJC para impedir la celebración del citado referéndum. Es decir, ¿tu compromiso es celebrarlo, pero luego das las órdenes contrarias? Su argumento contradictorio, no convenció.

Después, Forn concluía su comparecencia quitando hierro y descafeinando la Declaración Unilateral de Independencia proclamada en el Parlamento catalán. Según el exconsejero de Interior, la DUI sólo fue un "acto político", sin consecuencias jurídicas y administrativas, y es que el partido de vuelta se juega en Estrasburgo.

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