La Fiscalía no se plantea rebajar su acusación por rebelión en el juicio sobre el 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el Ministerio Público va a mantener, tal y como se recoge en su escrito de acusación, que "hubo violencia y rebelión, y no conspiración para la rebelión". Este último delito supondría una rebaja sustancial de la pena para los acusados.
El pasado mes de noviembre, la Fiscalía presentaba su escrito de acusación en el que solicita una pena de 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por un delito de rebelión en su tipo agravado de malversación. Para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, pide 17 años de prisión por rebelión. Por el mismo delito, reclama 16 años de cárcel para los exconsejeros catalanes Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, y Dolors Bassa.
En las últimas horas, las defensas de los golpistas han trasladado a los medios de comunicación su satisfacción ante la posibilidad de que el Ministerio Fiscal estuviera replanteándose la acusación por rebelión. Una hipótesis supuestamente basada en que los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno o Fidel Cadena no habrían puesto suficientemente la lupa durante los interrogatorios a los acusados en el concepto de la violencia que sustenta la rebelión. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que todo obedece a "una campaña de intoxicación interesada" y que en ningún momento se ha valorado un cambio en la acusación. Además, recuerdan que los interrogatorios a los golpistas es en realidad el turno de los acusados para defenderse y donde se permite mentir. "El juicio sólo ha empezado y la prueba vendrá después", añaden.
Durante la declaración del expresidente de la ANC de este jueves se pudo visionar el primer vídeo sobre violencia a petición de su abogado Jordi Pina. En ese caso, los protagonistas eran varios agentes de la Policía Nacional que intentaban abrirse paso entre los manifestantes para cerrar el Instituto Pau Clarís de Barcelona durante la votación del 1 de octubre.
Por su parte, el propio Jordi Sánchez negó en reiteradas ocasiones a preguntas del fiscal Zaragoza que existiera "tensión o violencia" en el asedio a la Consejería de Economía catalana del 20 de septiembre de 2017, a pesar de que la secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio de madrugada, por el tejado y saltando un muro.
El Ministerio Público en la fase de prueba presentará vídeos del signo contrario para sustentar el delito de rebelión contra los golpistas. De esta forma, la violencia se sustentaría en "las protestas callejeras masivas" como fuerza intimidatoria y la actuación de los Mossos como "fuerza armada al servicio de la Generalidad de Cataluña para evitar las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil, y el cumplimiento de los mandatos judiciales".
Las sesiones se reanudan este martes a las 9:30 de la mañana con las declaraciones del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Tras estos interrogatorios, comenzarán al día siguiente las declaraciones testificales previstas del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy o el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.