El comisario de los Mossos d'Esquadra y responsable del dispositivo del 1-O, Emilio Quevedo, ha asegurado en el Tribunal Supremo que se avisó a la Generalidad de los posibles enfrentamientos si se celebraba el referéndum ilegal y que el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo que "tenía un mandato del pueblo y que lo llevaba adelante".
A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Quevedo hacía referencia a la reunión de seguridad entre los Mossos y la Generalidad antes del 1-O: "Forn no intervino, Junqueras dijo que él creía que no habría ningún tipo de resistencia, y que cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar pacíficamente que actuaran; y el señor Puigdemont dijo que el Gobierno catalán tenía un mandato que cumplir y que lo iban a llevar adelante, que entendían nuestras razones, pero que tenían un mandato avalado por las elecciones y que iban a llevar adelante sus planes".
En total, Puigdemont fue alertado en dos ocasiones de que desconvocara la consulta ante el "clima de tensión" creciente en Cataluña, en dos reuniones de seguridad celebradas el 26 y 28 de agosto, ambas con presencia de Carles Puigdemont. Los Mossos "obviamente" trasladaron la posibilidad de "choques" y "enfrentamientos" entre los concentrados y las fuerzas de seguridad del Estado, según ha declarado Quevedo. El ex presidente catalán insistió en que estaba avalado por los resultados electorales y quiso seguir adelante, según el testimonio del mando policial.
Según el comisario de los Mossos, estaba claro Puigdemont, Junqueras y Forn sabían que celebrar el referéndum y cumplir el mandato judicial "eran incompatibles". Además, ha reconocido que ese día habría una alta movilización de personas y que podría haber algún problema de seguridad en diversos supuestos, uno de ellos que hubiera enfrentamientos entre partidarios y detractores del referéndum: "Era un posible escenario, sí", ha contestado Quevedo.
El responsable del dispositivo de los Mossos también ha señalado que con las órdenes de Fiscalía para impedir el referéndum, sustituidas luego por el auto del TSJC, harían falta "entre 30.000 y 40.000 efectivos" para que no se celebrara la votación del 1-O . "Se aprobó que Mossos aportara un despliegue muy importante para un objetivo muy ambicioso: tener presencia policial en todos y cada uno de los centros de votación", explicaba Quevedo. "Desafortunadamente, el cumplimento absoluto y completo no se pudo llevar a cabo en su integridad", afirmaba el testigo.
Preguntado por el fiscal sobre qué parte del auto incumplieron, el comisario de los Mossos señalaba: "Inhabilitar y cerrar el máximo número de centros de votación que fue posible. Conseguir la inactividad absoluta de 2.300 centros de votación en toda Cataluña. Si no se pudo conseguir con todos los efectivos que aportaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Mossos, es obvio que no se pudo cumplir en su totalidad".
Además, ha defendido la labor del entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero: "La preocupación de Trapero era tener el mayor número de efectivos disponibles", mientras recordaba que "fue el propio mayor" el que "forzó" un aumento de efectivos.