Las banderas, pancartas y lazos independentistas están en claro retroceso. Ha pasado ya la moda de la estelada en la fachada pero es que, además, vienen malos tiempos para quienes exhiben sus preferencias políticas en ventanas y balcones. Muchas comunidades de propietarios han dicho "basta" y su negativa a convertir los elementos comunes (la fachada lo es) en emplazamientos propagandísticos del separatismo se ha trasladado ya a la redacción de los contratos de alquiler.
De este modo y según cálculos del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida, la mitad de los nuevos contratos incluyen una cláusula que impide exhibir cualquier clase de símbolo político o deportivo (la medida afecta a todo tipo de banderas, también a las del Barça) en el exterior del inmueble objeto de arrendamiento.
Los administradores de fincas consideran que es perfectamente legal y legítimo que el propietario incluya la que ya se denomina como "cláusula antiesteladas" en el contrato de arrendamiento, entre otras razones porque la exhibición de símbolos políticos en la fachada debería contar con el beneplácito de la comunidad de vecinos, cosa que no todas las veces ocurre.
Elementos comunes
La libertad de expresión invocada por el presidente de la Generalidad, Quim Torra, para mantener su pancarta en el balcón del Palau choca en el caso de las comunidades de propietarios con el uso de los elementos comunes, en este caso las fachadas, y en términos estrictos desplegar una bandera en el exterior, se sea propietario o inquilino, debería contar con el acuerdo de la comunidad.
No obstante, nadie, ni particular ni entidad separatista alguna ha llevado ante los tribunales el novedoso apartado en los contratos de alquiler en Cataluña, por lo que se carece de jurisprudencia al respecto. Los administradores comparan esta cláusula con las que impiden el uso turístico de los inmuebles, que comenzaron a incluirse en los contratos con el boom de los pisos turísticos y creen que acabará por generalizarse.
Por otra parte, la Junta Electoral Central ha instado a la administración autonómica catalana a retirar esteladas, lazos y pancartas de los edificios públicos y ha dado de plazo hasta el viernes. Generaliza así la prohibición relativa a convertir la sede de la Generalidad en un emplazamiento partidista.