La Fiscalía pedirá reactivar la euroorden de detención contra el expresidente catalán fugado a Bélgica, Carles Puigdemont, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Según las fuentes jurídicas consultadas por esRadio y Libertad Digital, esta petición se trasladará al magistrado Pablo Llarena "tras estudiar con detalle la sentencia" sobre el golpe.
El Ministerio Público también solicitará que se reactive la Orden Europea de Detención y Entrega, OEDE, contra el resto de golpistas que se han sustraído a la acción de la justicia. Es decir, contra los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret huidos a Bélgica; la exconsejera Clara Ponsatí que escapó a Escocia; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, fugadas a Suiza.
Las mismas fuentes apuntan que la euroorden "tendrá obviamente mucha más fuerza tras el falló del Tribunal Supremo", ya que los golpistas no estarán investigados o procesados, sino "condenados". En estos momentos, los magistrados del Supremo todavía no han deliberado sobre las penas de cárcel del 1-O "para evitar filtraciones" y manejan el lunes 14 de octubre, como fecha tope para dictar la sentencia sobre el golpe.
Tras la petición de la Fiscalía, el magistrado Llarena tendrá que adoptar una decisión. Previsiblemente, acepte cursar las OEDE contra los golpistas fugados pudiendo presentar ante la justicia europea una sentencia condenatoria del más Alto Tribunal español.
El objetivo es juzgar en el Supremo a Puigdemont y a Comín por rebelión y malversación; a Rovira por rebelión y a Puig, Serret y Ponsatí por malversación y desobediencia. Por su parte, Gabriel al haber sido procesada sólo por desobediencia, posiblemente fuera juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al igual que el resto de exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán.
En julio del pasado año, el juez Llarena rechazaba la entrega de Puigdemont sólo por un delito de malversación, acordada por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania). El magistrado recriminaba "la falta de compromiso" del tribunal alemán con unos hechos "que podrían haber quebrantado el orden constitucional español" y sostenía que la justicia alemana se había extralimitado anticipado un enjuiciamiento e ignorando la Decisión Marco de la UE que puso en marcha la Orden Europea de Detención y Entrega, OEDE.
En la misma resolución, Llarena acordaba igualmente retirar las órdenes de detención europeas e internacionales contra el resto de fugados, Comín, Puig, Serret, Ponsatí, Rovira y Gabriel. En abril de este año, el instructor del Supremo archivaba la pieza separa abierta contra el expresidente catalán y los otros seis procesados declarados en rebeldía mientras siguieran huidos de la justicia española. No obstante, se puede reabrir en el caso de que los imputados sean puesto a disposición del Supremo.
Puigdemont y su posible extradición
Precisamente, el prófugo Carles Puigdemont se refería este martes a su posible extradición. Según el expresidente catalán, le quieren colgar la "etiqueta de terrorista" para facilitar su extradición en el marco de la causa contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se sigue en la Audiencia Nacional. En una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, aseguraba que se está preparando una nueva orden de detención europea contra él y que "si puede ser por una causa de terrorismo, mejor".
Además, Puigdemont afirmaba ser perfectamente consciente de la posibilidad de una extradición y decía estar "preparado para afrontarla", aunque matizaba que para lo que está preparado sobre todo es para evitarla. "Tenemos argumentos para defendernos muy bien. Si al final del recorrido jurídico hay una extradición inevitable, yo lo afrontaré. Mi propósito es poder defenderme en un marco de garantías. Si la decisión de Alemania hubiera sido extraditarme, yo lo habría aceptado".