Lo que hace una semana se limitaba a un deseo ha comenzado a ganar enteros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pisando el acelerador de sus cesiones a ERC con el objetivo de cerrar un pacto con ERC que le permita ser presidente del Gobierno antes de final de año. El calendario es endiablado pero es el que manejan en el Palacio de La Moncloa para cerrar una investidura los días 27, 28 y 30 de diciembre. De salir adelante, Pedro Sánchez estaría tomando las uvas como presidente electo el 31 de diciembre tras su juramento ante el Rey.
Decisión del TEDH sobre la inmunidad de Junqueras
Un calendario que pende de dos fechas marcadas en rojo en el calendario de ERC. El primer día es el jueves 19, día en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y su repercusión directa en el fugado Carles Puigdemont. El temor es que el Tribunal Europeo pueda dictaminar en contra de España en el sentido de haber vulnerado los derechos fundamentales de los presos al coartar su derecho a la participación política no permitiendo la recogida de su acta de europarlamentario por estar en prisión preventiva durante la instrucción del 1-O.
La disyuntiva es clara: si el TEDH falla en contra de España y a favor de la inmunidad de Junqueras y Puigdemont, mal. Porque la consecuencia directa podría ser la rehabilitación política de Puigdemont y alimentar nuevamente el fantasma de elecciones anticipadas en Cataluña por parte de JxCat para perjudicar a una ERC sin candidato y con su líder en prisión.
Congreso de ERC
Sin embargo, el Gobierno confía en que no haya un varapalo por parte del Tribunal de Justicia Europeo que perjudique las perspectivas de la gobernabilidad en España. Algo que le permitiría saltar el primer obstáculo e ir directo al segundo: el sábado 21 de diciembre, el congreso regional de ERC, que ya sometió a sus bases la consulta sobre su pacto con el PSOE y que pretende aprobar de forma asamblearia su negociación con el PSOE.
Fuentes socialistas no descartan incluso que pudiera haber un "anuncio" en el plenario de los secesionistas republicanos que abriera la veda del acuerdo a tres días de que expire la fecha límite para cerrar acuerdo, el martes 23 de diciembre. Es entonces cuando ha de confirmarse y cerrarse el pacto, la deadline o fecha tope, en que podría escenificarse un pacto de manos de la subalterna de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, y su interlocutor de ERC, Gabriel Rufián.
Investidura del 27 al 30 de diciembre
El motivo de este límite es que el martes 24 de diciembre, en plena Nochebuena, tendría que convocarse la investidura en el Congreso de los Diputados. Según el reglamento de la cámara, el pleno debe de celebrarse con, al menos, 48 horas de antelación, pero al haber un día festivo de por medio, nada menos que el Día de Navidad 25 de diciembre, habría que convocar la víspera una sesión cuyo debate comenzaría el viernes 27 de diciembre, la primera votación sería el sábado 28 y la segunda, 48 horas horas después de la primera, el lunes 30 de diciembre.
Sólo así Pedro Sánchez podría estar cumpliendo su deseo y su objetivo de tomar posesión ante el Rey el martes 31 de diciembre, justo antes de tomarse las uvas como presidente del Gobierno, por primera vez, por la vía ordinaria y no a través de una moción de censura.
Sánchez pisa el acelerador de las cesiones
Un propósito de año nuevo que ciega cualquier temor a las consecuencias de pactar con ERC. Por ello, Pedro Sánchez pisa el acelerador de sus cesiones.
De asumir el discurso político de los sediciosos hablando de conflicto político, a rehabilitarles como la otra "izquierda histórica" de España, ha pasado a ser rehén de ERC asumiendo sus plazos, sus tiempos, su agenda y sus reivindicaciones. Fue ERC quien pidió en las negociaciones paralizar los recursos ante el Tribunal Constitucional a las leyes autonómicas y el Gobierno ha cumplido. Fue ERC quien exigió desbloquear la interlocución con Quim Torra y el Gobierno cumplirá. Este martes Pedro Sánchez llamará a Torra a las 9:15 de la mañana. Se desconoce si será o no el primero –tal y como exigió el president–, en lugar del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, conforme al orden protocolario de antigüedad de los estatutos. Y se desconoce por qué Moncloa no informa de forma oficial… a la espera de que ERC marque de nuevo la pauta al Ejecutivo.