Otras cuatro puñaladas europeas humillantes para la justicia española

La sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras lanzada como un obús el pasado jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Tribunal Supremo no es la primera puñalada que recibe España por parte de la justicia europea o de los tribunales de los países miembros.

Posiblemente el varapalo más grave de todos es la anulación de la Doctrina Parot, que defendía que las reducciones de condena deberían aplicarse sobre el total de la pena impuesta y no sobre el límite máximo de cumplimiento que en España por aquel entonces era de 30 años.

En julio de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a la etarra Inés del Río Prada y pidió al Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, que pusiese en libertad a la autora de 24 asesinatos condenada a 3.828 años de cárcel. El ejecutivo decidió recurrir al Tribunal de Estrasburgo, que volvió a dar la razón a la etarra. Y por esa misma puerta que abrió Inés del Río, salieron otros 63 terroristas y 15 asesinos y violadores. Muchos de ellos han reincidido.

La humillación alemana

Otro de los feos, tal vez el más humillante, vino por parte de la audiencia territorial alemana de Schleswig-Holstein con respecto la extradición de Carles Puigdemont.

El 23 de marzo de 2018, el juez Pablo Llarena cursó una euroorden de detención contra el expresidente catalán fugado, que ese día estaba en Helsinki. Dos días después, la policía alemana en colaboración con los agentes españoles lo detuvo en una gasolinera y Puigdemont quedó en arresto provisional en la prisión de Neumünster.

El 5 de abril, el expresidente salía en libertad bajo fianza mientras el tribunal de Schleswig-Holstein decidía si iba a ser extraditado. Finalmente optaron por entregarlo a España, pero por un delito de malversación, no de rebelión o sedición. Es decir, Puigdemont sólo podría ser juzgado en España por malversación.

Ante aquel revés, el Tribunal Supremo tuvo que rechazar la extradición y retiró la euroorden de detención. Por ese motivo, Puigdemont solo puede ser detenido si vuelve a España y mientras tanto, puede seguir de campaña separatista permanente manejando a Torra a su antojo desde Bélgica.

¿Sedición o problema de orden público?

Alemania no ha sido el único país que nos ha hecho un feo con los políticos catalanes fugados. También Reino Unido rechazó hace apenas un mes tramitar la orden de detención europea contra la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí.

La Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido se negó porque en su opinión esa orden era "desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido" y consideraban que el delito de sedición era un problema de orden público. Llarena tuvo que aclarar la situación y finalmente el caso se ha aceptado aunque el tribunal de Edimburgo no le ha retirado el pasaporte a la exconsejera, que permanece en libertad provisional a la espera de que se resuelva su causa.

Bélgica, paraíso de 'la Pepona'

Bélgica, además de ser el hogar del fugado Puigdemont, también es el lugar donde reside la etarra Navitidad Jáuregi, alias Pepona, presunta autora material del asesinato del militar Ramón Romeo Rotaeche y coatura de otros cinco asesinatos como integrante del denominado Comando Vizcaya.

La justicia belga se niega a ejecutar las tres órdenes de busca y captura europea dictadas por la Audiencia Nacional contra ella y no extradita a la terrorista que lleva allí afincada desde los ochenta disfrutando impunemente de brindis con champán y mariscadas.

Hasta ahora se han dictado tres órdenes de detención contra la terrorista: dos de la Audiencia Nacional de 2004 y 2005 y la última, de 2015, todas desestimadas por jueces belgas que, de hecho, fueron condenados en julio de este mismo año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a indemnizar a los cinco hijos del teniente coronel Ramón Romeo. Pero ni con esas la justicia Belga va a extraditar a Pepona para que sea juzgada por sus crímenes en España.