El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha traspasado la línea roja que hasta ahora sólo se atrevían a hacer los portavoces de los partidos y no los miembros del Gobierno, ni siquiera los de Podemos: cuestionar los informes realizados por la Guardia Civil que están trufados de errores según deslizan desde PSOE y Podemos.
En su tradicional homilía dominical, el presidente del Gobierno fue preguntado por los informes de la Guardia Civil y la destitución fulminante de Pérez de los Cobos y respondió diciendo en un principio que "no quiero opinar". Pero continuó opinando hasta el punto de cuestionar los propios informes elaborados por el personal del Instituto Armado a petición de la juez madrileña Rodríguez Medel: "Lo que a mí me gustaría es que, hombre, estos informes se elaboraran con garantías y con la confidencialidad debida porque evidentemente los estamos conociendo en todos los medios de comunicación".
No fue el único rejón que lanzó hacia la Benemérita. Preguntado por las acusaciones de golpismo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la Guardia Civil, Sánchez comenzó defendiendo que "éste es un Estado social y democrático de derecho sólido, las instituciones funcionan y, evidentemente, la Guardia Civil tiene toda mi confianza. Si hay algún elemento que se aparta de sus obligaciones se compromete sólo a sí mismo, no a la Guardia Civil", dando pábulo, en condicional, a los temores expresados por el ministro Garzón.
Sobre los ceses y nuevos nombramientos al frente del cuerpo, Sánchez volvió a manifestar "toda mi confianza al ministro Marlaska", quien "lo que quiere es abordar un proceso de modernización del Estado" como, a su juicio, pone de relieve el nombramiento de la primera directora de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmó el documento reservado que confirmaba el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por haberse negado a informar al Gobierno del informe sobre el 8-M.
También se refirió a la acusación que lanzó el presidente el pasado miércoles en el Congreso cuando afirmó que "Marlaska está desmontando la policía patriótica (del PP) y por eso le atacan". Sánchez no quiso repetir esta afirmación y se limitó a decir que "cuando llegamos al Gobierno hace dos años había un caso de uso fraudulento en la creación de una para-policía, una policía paralela, para encubrir delitos de corrupción. Si hay un ministro del Interior que ha colaborado desde el principio en la remisión de datos a la justicia ha sido el ministro Marlaska", zanjó con una mueca y enarcando las cejas.
Las manifestaciones
Sobre las manifestaciones celebradas este domingo, el presidente se limitó a pedir "que se cumplan las medidas de distancia social y no pongamos en riesgo la salud pública". No deslizó crítica alguna al respecto si bien, previamente, lanzó una petición de prudencia y cautela a la sociedad española a raíz de la llegada de la llamada "nueva normalidad": "Se lo suplico, háganlo por sus padres, abuelos, por ustedes y por todos los demás" porque "la amenaza de una segunda ola no es un invento (...) tenemos que evitarla a toda costa".
Confirmó que el decreto del próximo martes incluirá el uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años, "salvo en caso de enfermedades respiratorias" y fijará distancias de seguridad y turnos para los empleados en los puestos de trabajo. También se regularán planes de contingencia en la atención primaria y hospitalaria por parte de las Comunidades Autónomas ante eventuales rebrotes. Por último, la Agencia Estatal del Medicamento "podrá otorgar licencias excepcionales para fabricar mascarillas y EPI".
Ingreso Mínimo Vital
El presidente anunció que "a partir del 26 de junio habrá 250.000 personas que se beneficien del ingreso mínimo vital, 750.000 hogares beneficiados. Más de la mitad serán menores. Es una de las razones por las cuales se justifica esta medida extraordinaria" en el marco de la lucha contra la pobreza infantil. Como prueba del "interés que ha suscitado esta medida" ofreció un dato: "Sólo en esta semana que llevamos la web dedicada al IMV se han recibido 21 millones de visitas. Permite entender el enorme impacto en la sociedad española". Un asunto que será el eje central del Consejo de Ministros del próximo martes en que se aprobará la llamada Ley Rhodes de protección a la infancia, primera ley impulsada por parte del departamento del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias.