Tres años después del referéndum ilegal en Cataluña y de la posterior declaración de independencia del 27 de octubre, el TSJC ha condenado a 4 de los miembros que formaban parte de la Mesa del Parlamento en 2017 a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público por un delito de desobediencia grave al no atender a los requerimientos del Tribunal Constitucional y paralizar la tramitación y posterior votación de las llamadas leyes de desconexión en las que se amparaba el 1-O. La Mesa del Parlamento en 2017 estaba presidida por la también condenada por el Tribunal Supremo, Carme Forcadell.
La sala civil y penal condena por desobediencia a 4 ex-miembros de la #Mesa @parlamentcat, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo desde ámbito local a supranacional y a pagar 30.000 euros de multa
— TSJCat (@tsj_cat) October 19, 2020
Se trata de los exvicepresidentes de la cámara catalana Lluís María Corominas, Lluís Guinó y las exsecretarias primera y cuarta de la Mesa, Anna Simón y Ramona Barrufet. Todos ellos deberán hacer frente, además, a un multa de 30.000 euros. Las defensas de los 4 condenados apelaron a la inviolabilidad parlamentaria y al derecho a la libertad de expresión, sin embargo, el TSJC considera en su sentencia que "los actos parlamentario no pueden, en ningún caso, tener como finalidad el incumplimiento de la ley, en especial el de la Constitución, ni tampoco el de las resoluciones judiciales firmes".
Fuera de la condena de inhabilitación, ha quedado, sin embargo, la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, líder del grupo parlamentario de los radicales durante el golpe en Cataluña. Boya ha sido absuelta pese a que también fue juzgada por estos hechos por su papel durante la tramitación de estas leyes de ruptura en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017. Según el TSJC, en su caso, no se puede demostrar que recibiera el requerimiento del TC a título individual.
El también miembro de la Mesa del Parlamento, Joan Josep Nuet, está pendiente de sentencia, en su caso, en el Supremo, ya que actualmente es diputado de ERC en el Congreso. Entre las primeras reacciones a la sentencia, destaca la del presidente de la cámara, Roger Torrent, que escribe en las redes sociales que estamos ante "un nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión. Debatir, hablar y discutir libremente cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho".