Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont, no tiene un duro ni crédito en los bancos. La ruptura con el PDeCAT ha privado a los simpatizantes de Puigdemont de los recursos de los parlamentarios y de los concejales municipales así como de los derechos electorales. JxCat parte de cero. Sin deudas, pero también sin patrimonio con el que avalar los créditos. De ahí que tenga que recurrir a sus cargos, candidatos y militantes para afrontar los gastos de campaña.
El partido espera obtener a través de esa vía alrededor de unos 700.000 euros. Luego cuenta con las aportaciones de quienes ya ostentan cargos públicos, como Puigdemont, los diputados en el Parlament y en el Congreso que abandonaron el PDeCAT, así como alcaldes y concejales que también rompieron el carnet del primer partido postconvergente. Sin embargo, sobre esas partidas pesa la opacidad más absoluta.
La tercera vía de ingresos que ha emprendido JxCat es la campaña para pedir créditos a los militantes (alrededor de 5.000 personas) de entre 1.500 y 3.000 euros y a devolver dentro de un año, cuando el partido tenga acceso ya a las subvenciones electorales por los diputados que espera obtener en esta contienda electoral. Según el plan, el partido pagará a los "prestamistas" un interés del 1,519%.
La propaganda del partido apunta a que "es más fácil que nos presten dinero temporalmente que buscar grandes donativos". Además, alega que así rompe con las "viejas inercias" de CiU en relación con las entidades financieras.
El coste de los abogados
La formación de Puigdemont también se ha tenido que hacer cargo ahora de las defensas de cuatro de los golpistas presos que antes estaban en el PDeCAT y se pasaron a Junts. Son los casos de los exconsejeros Quim Forn, Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ahora secretario general de JxCat, Jordi Sànchez.El PDeCAT se negó a seguir pagando las minutas de los abogados de Turull, Rull y Forn cuando estos abandonaron el partido para seguir a Puigdemont.
Según las cuentas del referido PDeCAT el importe total de las defensas de estos tres presos ha sido de 689.437 euros, de los que se han pagado 608.933. Así, el partido reconoce una deuda de 80.504 euros con los despachos de los letrados Jordi Pina y Javier Melero.
La publicación de estas cuentas ha causado una cierta sorpresa en el mundo independentista, toda vez que se creía que el coste de las defensas y de las fianzas era asumido por la Caixa de Solidaritat, otra herramienta recaudatoria del separatismo junto al Consell per la República.