Los grupos separatistas en el Parlamento catalán redoblan el pulso. Tras suspender varias comisiones parlamentarias como amago de cierre de la cámara, ahora se niegan a entregar el escaño de Pau Juvillà, el exdiputado de la CUP condenado por desobediencia. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, investigada en otra causa por corrupción, abandera una suerte de insurrección institucional a través de la denominada Comisión del Estatuto de los Diputados, que con los votos de los grupos separatistas y Catalunya en Comú, la versión catalana de Podemos, se niega a retirar el acta a Juvillà.
El viernes vence el plazo otorgado por la Junta Electoral Central (JEC) para que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), relativa a la inelegibilidad sobrevenida de Pau Juvillà, inhabilitado por negarse a descolgar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida en periodo electoral cuando era concejal de esa ciudad. Juvillà ha cancelado todas sus actividades parlamentarias para tratarse de un cáncer que le ha sido detectado en los últimos días, pero tanto su partido como Junts per Catalunya (JxCat) y ERC pretenden convertir sus problemas judiciales en un nuevo embate del separatismo contra los tribunales.
Desobediencia o corrupción
Laura Borràs, de JxCat, prefiere ser inhabilitada por desobediencia que condenada por corrupción. Nada más empezar la legislatura obligó a dimitir a Jaume Alonso Cuevillas, diputado de grupo y abogado de Puigdemont, por unas declaraciones en las que cuestionaba la desobediencia de cara a la galería. Dado el antecedente, está obligada a llegar hasta el final. Más aún si se tiene en cuenta que su horizonte judicial es el de acabar condenada por una subvenciones ilegales a un amigo cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas.
En ese contexto, los grupos separatistas han elaborado y aprobado un informe en la Comisión del Estatuto del Diputado en el que deciden mantener el escaño de Juvillà "siempre y cuando" los funcionarios de la cámara queden al margen de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos.
A diferencia de lo que ocurrió con el expresidente de la Generalidad Quim Torra, los grupos separatistas retan a la Junta Electoral y se escudan en que la sentencia que condena a Juvillà está recurrida en el Tribunal Supremo y que hasta que no sea firme el político de la CUP puede mantener su escaño.
Con esta decisión, el Parlamento catalán vuelve a quedar fuera de la legalidad. Laura Borràs se parapeta en los grupos independentistas para desobedecer a la Junta Electoral. Sea como fuere, los funcionarios de la cámara ya han recibido instrucciones para no abonar el sueldo de diputado a Juvillà.