ERC exige la cabeza de Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y de Junts per Catalunya (JxCat), tras haber sido procesada por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los republicanos esgrimen el reglamento de la cámara autonómica, que Borràs intentó modificar sin éxito, para pedir su dimisión. Según el artículo 25.4 del Parlament, que establece las causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios, "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
De este modo, en el momento en el que el TSJC fije la fecha del juicio de Borràs (ahora hay un plazo de nueve días para que la fiscalía presente su escrito), la presidenta del Parlamento regional debería abandonar su cargo. Ella aduce que los delitos de corrupción como tal no existen, argumento bizantino que es rechazado no sólo por ERC, sino también por la CUP. Los republicanos han recurrido a la figura de la indultada Carme Forcadell, la presidenta del Parlament cuando el golpe de Estado, para forzar la renuncia de Borràs. Opina Forcadell que Borràs debe pensar en el "prestigio" de la cámara, institución que "debe tener tolerancia cero con la corrupción y hacer que todos los catalanes nos sintamos orgullosos".
La supuesta "causa general"
Por el momento, tanto su partido como Borràs se abonan a la especie de que el procesamiento por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental forma parte de la supuesta causa general contra el independentismo. Sin embargo, ni ERC ni la CUP aceptan esa tesis y limitan el caso a un asunto de corrupción de cuando la actual presidenta del Parlament dirigía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2017. En aquella época, Borràs habría cometido los citados delitos para favorecer a un informático amigo con 18 contratos menores para tratar de eludir los controles contables de la propia administración autonómica. Así, en ERC dicen que el problema de Borràs nada tiene que ver con el proceso independentista.
Parlament y Govern, en peligro
Las dificultades de Borràs han abierto un nuevo frente en el contencioso entre las diversas facciones del independentismo. La reanudación de los contactos con el Gobierno, "congelados" a raíz del espionaje con Pegasus de varios líderes separatistas, fue puesta en tela de juicio por el partido de Borràs porque no habían sido consultados por ERC y se hacía a cambio de nada. Ahora es el procesamiento de la presidenta de la cámara y de Junts la que dispara las tensiones entre ambas formaciones.
Están en juego tanto la presidencia del Parlament como la continuidad del Govern de la Generalidad, pendiente de una consulta entre la militancia de JxCat para saber si avalan que el partido mantenga el pacto con ERC o lo rompa ante la falta de concreciones de lo que han dado en llamar "agenda independentista