El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han fijado su mirada en el Tribunal Constitucional para que resuelva los recursos presentados por PP y Vox contra la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al CGPJ realizar nombramientos con su mandato prorrogado. Dicha reforma está provocando desde hace más de un año un grave colapso en la justicia.
La presión, por tanto, se posa ahora en el Tribunal de Garantías después de que el PP suspendiera este pasado jueves las negociaciones con el Ejecutivo para renovar el Poder Judicial y el propio TC, tras confirmar Sánchez su intención de reformar el delito de sedición, que beneficiaría a los golpistas del 1-O condenados, como le exige ERC.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "el Constitucional debe resolver ya el recurso sobre el bloqueo del Gobierno a los nombramientos de jueces tras frustrarse la negociación entre PSOE y PP. Por el bien del país, hay que retratarse".
Dicha Ley, impulsada por PSOE y Podemos, entró en vigor el año pasado con el objetivo de presionar al Partido Popular en la renovación de CGPJ, colapsando el sistema judicial. PP y Vox presentaron entonces sendos recursos de inconstitucionalidad ante el TC, cuya ponencia recayó en los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.
Cabe destacar que el primer recurso, el de Vox, se presentó en abril de 2021. Sin embargo, el anterior presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, no tomó la decisión de estudiar su admisión a trámite hasta 5 meses después, en septiembre de 2021.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "en el actual TC todavía hay mayoría de magistrados conservadores y se puede dictar una sentencia que tumbe la reforma del Gobierno. Si el Constitucional se renueva, la mayoría será progresista y previsiblemente, la presidencia recaiga en Cándido Conde-Pumpido. Ese nuevo TC avalará la reforma del Ejecutivo".
Tal y como desveló este diario, el Gobierno ha conseguido paralizar 65 nombramientos de jueces en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sólo un año y medio. La Sala del Supremo más afectada es la de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) que no ha podido cubrir hasta 8 vacantes, lo que está provocando ya graves problemas para formar las correspondientes Secciones y para efectuar su trabajo diario.
El CGPJ tampoco ha podido designar en este tiempo a 24 magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, 17 de ellos como presidentes del propio TSJ de sus Salas. Tampoco a otros19 magistrados de Audiencias Provinciales, 4 de los cuales también serían presidentes. Si el CGPJ no es renovado a final de año tal y como parece, la cifra total aumentará a 71 plazas vacantes de jueces en puestos clave de la justicia española.
Los recursos de PP y Vox
PP y Vox alegan en su recursos presentados en el Tribunal Constitucional contra la Ley que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones que la tramitación parlamentaria de la norma impugnada podría contravenir los artículos de la Constitución por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.
En su recurso el PP incide en la idea de que el Gobierno logró con esta reforma y su forma de tramitarla limitar al CGPJ de forma "opaca y súbita". Concretamente, apuntan que se vulneraron los artículos 23.2 y 23.1 de la Constitución, que son los que regulan los derechos de los parlamentarios y los de representación política de los ciudadanos. Sobre el fondo de la reforma, los populares consideran que supone un desapoderamiento del CGPJ, al recortar competencias esenciales. Por su parte, Vox impugna en su recurso que, para aprobar la reforma, se eludiera la exigencia del previo dictamen del CGPJ, lo que supuso hurtar a los diputados de los dictámenes exigidos por la ley y que sirven de soporte técnico imprescindible para el fundado ejercicio de la potestad legislativa.
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