La discriminación positiva a las mujeres en la Guardia Civil reabre la guerra Robles-Marlaska

El Consejo de la Guardia Civil debatía y sometía a votación este jueves una de las apuestas más polémicas de los últimos años. Se trataba, ni más ni menos, que de incorporar al proyecto de modificación de la Ley de Personal varias medidas de discriminación positiva hacia la mujer para tratar de aumentar el porcentaje de féminas en la escala más básica del cuerpo, que no consigue crecer pese a los intentos institucionales desde hace más de una década.

La medida más llamativa era la de permitir que las mujeres accediesen a las plazas que están en juego en las oposiciones por delante de los aspirantes masculinos si la diferencia de puntos entre ambos no era superior a un 15 por ciento. Una medida que estaría en vigor "de forma temporal" mientras el número de mujeres no alcance el 40 por ciento en el cuerpo. Entre 2010 y 2022 solo se ha conseguido pasar del 6 al 9 por ciento de la plantilla.

La sorpresa más importante de la votación no ha sido el hecho de que la gran mayoría de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se hayan posicionado en contra (Jucil, UO, Ases-GC, AEGC e IGC han emitido voto negativo, mientras APC se ha abstenido y AUGC ha votado a favor para conseguir que se revoque la expulsión de algunos de los que fueron sus principales dirigentes en los años ochenta).

Si no el hecho de que los representantes del Ministerio de Defensa lo hayan hecho. Una nueva escenificación de las continuas guerras que mantienen el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, que ya se ha visto en crisis como la del espionaje con Pegasus a miembros del Gobierno, la gestión de Filomena, la implicación de la Armada en la crisis de cayucos de Canarias o las purgas de Marlaska en el Instituto Armado.

El director general de Reclutamiento y Personal Militar (DIREGEM) del Ministerio de Defensa, teniente general Pedro José García Cifu, ha sido el encargado de tomar la palabra y anunciar el voto en contra del Ministerio de Defensa porque esta medida "rompe el principio de mérito, capacidad y antigüedad". Es más, ha criticado estas modificaciones no fueran enviadas a su departamento, que tiene estatus de coproponente, y ha puesto en duda su constitucionalidad.