Tras los requerimientos del Gobierno de Pedro Sánchez a Castilla y León por su nuevo protocolo en abortos, que incluye la posibilidad de escuchar el latido fetal y ecografías 4D, la Junta de Castilla y León ha afirmado en un comunicado que no descartan "acciones judiciales".
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco afirma que estos requerimientos son "vulneradores de su autonomía y sus competencias", y advierte que velará "por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".
El Ejecutivo aprovecha para defender sus actuaciones en torno al aborto: señala que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre "sobre tres premisas". "En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".
En este sentido, el Ejecutivo autonómico "garantizará la libertad y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran y, "por supuesto", se asegurará la aplicación bajo el "estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas", como recuerda, ya explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias a través de una carta enviada el pasado viernes.
"Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo", incide, por lo que lamenta "la falta de diálogo" del Gobierno de España con esta comunidad "leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley".
Al hilo de estas palabras, la Junta advierte de que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente". "La Junta velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias", ha ahondado.
Ante esta situación, el Gobierno autonómico señala que "estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad". Este lunes, indica, la Consejería de Sanidad contestará al Ministerio de Sanidad y en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial donde solicitará al Gobierno de España "abstenerse" de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma "vulneradores de su autonomía y sus competencias", recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, "al simple amparo de noticias en medios de comunicación". "Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", apostilla.
El Gobierno autonómico señala además que la Comunidad tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca "mejoras" en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas "y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario".
En caso de que "esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico". No descartan ejercer "otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".