El cuñado de María Gámez consiguió entrar como asesor en un contrato que contaba con un respaldo de nada menos que 36,1 millones de euros públicos. Se trataba de una de las ramificaciones del caso Santana Motor, que, a su vez, es una de las escisiones del caso ERE. Todo ello ocurrió en un periodo en el que su cuñada, María Gámez, contaba con cargos directivos en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que respaldó el envío del dinero público (hasta 2008) y (a partir de ese año), en el conjunto de la Junta socialista de Andalucía. Y ese mismo Gobierno regional habría contratado al cuñado, Bienvenido Martínez Martínez, incumpliendo la obligación de ser funcionario, tal y como recoge el sumario del caso Santana Motor.
Los investigadores judiciales señalan que todo formó parte de una serie de decisiones públicas de dudosa justificación. "Finalmente, con independencia de que la subcontratación de Experience Management Group, SL, por parte de FAGIA no estaría justificada -y con independencia de que las actividades y los gastos facturados tampoco constarían justificados-, lo cierto es que el investigado Bienvenido Martínez Martínez se encontraría en una situación de incompatibilidad para la prestación de los servicios contratados con su empresa Experience Management Group en calidad de entidad particular privada". FAGIA era una instrumental de la propia Agencia IDEA, también pública. Y ese contrato fue, precisamente, el que permitió a los familiares de Gámez recibir parte de las partidas públicas destinadas a la ayuda a empresas en problemas.
La razón de esta incompatibilidad radica en que "siendo empleado público directivo de la Agencia IDEA [cargo que también ostentaba por esas fechas el cuñado de Gámez] y representante de ésta en SOPREA, FASUR, y en el Grupo Santana Motor, habría de reunir la condición de "funcionario público" a los efectos del artículo 24.2 del Código Penal (concepto en el que se incluyen también los participantes en empresas, agencias y entidades del sector público instrumental o institucional".
El Juzgado argumenta más su conclusión y señala que "al respecto, conviene tener en cuenta los artículos 11 a 15 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas". Efectivamente, "el art. 11 prohíbe el ejercicio de "actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado". Y el artículo 12 prohíbe "el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias contratistas de obras servicios o suministros arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas". El Juzgado recuerda que "en el mismo sentido se pronuncia la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, en su artículo 6".
Hay que recordar que la ya destituida directora de la Guardia Civil tuvo cargos relevantes en la Junta de Andalucía en pleno periodo de los ERE. Ella fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: la encargada de la polémica Agencia IDEA que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. También fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga y candidata a la Alcaldía de Málaga. No era una persona cualquiera en las filas del PSOE. Y sus familiares tampoco: su marido ya ha sido imputado por sus ingresos y contratos centro del plan de 36,1 millones en ayudas a la empresa Santana Motor. Y su cuñado batió el récord familiar: logró nueve cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía socialista.