El Movimiento Sumar, que se presenta por primera vez este 23J a unas elecciones generales, aboga en su programa por realizar una auditorio de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), que hace unos años ya cambiaron su nombre por Programas Especiales de Modernización (PEM) y que son la base de la continua y necesaria modernización de las Fuerzas Armadas española.
La coalición de Yolanda Díaz, que conforman una quincena de partidos nacionalistas y de extrema izquierda, no tiene un epígrafe específico en su programa electoral relacionado con la Defensa y las Fuerzas Armadas y tan sólo se pueden encontrar algunas referencias a esta materia buceando entre las 185 páginas del documento. Como muestra de su interés por este asunto, los términos Fuerzas Armadas o Ejército no aparecen ni una sola vez en todo su programa electoral.
En su documento de compromisos anuncian que promoverán "la revisión y auditoría de los Programas Especiales de Armamento y otros gastos asociados a planes de defensa con el fin de dotarlos de mayor transparencia" y que revisarán "en profundidad la política de exportación de armamento, tanto a nivel estatal como europeo, para prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos".
La Unidad Militar de Emergencias (UME) aparece en el epígrafe "Ganar a la crisis climática: actuar con urgencia y responsabilidad" para indicar que este cuerpo militar estará dentro del "programa de capacitación climática" que quiere impulsar la coalición para mejorar la formación de los servicios de protección civil, y que deberán extremar las precauciones en los lugares climáticamente más vulnerables, que saldrán de la elaboración de un "Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática".
En el epígrafe "Un país más justo" se aboga por la "supresión de la justicia militar e integración en la jurisdicción ordinaria". Consideran que no es necesario que haya una justicia militar propia y que los delitos específicos de la "singular naturaleza del ejercicio de las armas" se pueden incorporar al Código Penal civil. El personal que trabaja en la justicia militar podría reincorporarse a otros puestos en las Fuerzas Armadas o ser transferidos a la justicia civil.