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Los bulos de la izquierda sobre los pactos PP-Vox, desmentidos

Sandra León desmiente las mentiras de la izquierda sobe el contenido de los pactos entre PP y Vox.

En una nueva entrega del espacio Socialismo S.L., se ha analizado la intensa actualidad política marcada por los recientes escándalos de corrupción que afectan al PSOE. Sin embargo, el análisis se ha centrado especialmente en la "manipulación burda" que la izquierda está llevando a cabo respecto al concepto de prioridad nacional, un término incluido en los pactos de gobierno alcanzados entre el PP y VOX en regiones como Extremadura y Aragón.

Desde el programa se denuncia que el Gobierno y sus terminales mediáticas están utilizando este concepto para alimentar un discurso del miedo ante la proximidad de citas electorales, como las andaluzas, donde los sondeos vaticinan un resultado adverso para la formación de Pedro Sánchez. La estrategia de la izquierda consiste en presentar estos acuerdos como medidas xenófobas, cuando la realidad de los textos firmados se ajusta estrictamente a la legalidad vigente y al sentido común.

Uno de los mayores bulos desmontados en Libertad Digital es la afirmación de que se negará la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales. Según el contenido de los acuerdos, lo que se establece es la exclusión de prestaciones estructurales para quienes no tienen su situación regularizada, pero garantizando siempre el acceso a urgencias vitales. Esta medida no supone una novedad radical, ya que actualmente en España no se entrega una tarjeta sanitaria ordinaria a personas en situación irregular para consultas de carácter preventivo o rutinario.

El concepto de prioridad nacional se traduce en la práctica en una prioridad vecinal basada en el arraigo. Los textos pactados por PP y VOX buscan que el acceso a ayudas sociales, vivienda protegida o alquiler social se vincule al tiempo de residencia y empadronamiento en el territorio. Se trata de favorecer a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable, un criterio que ya se aplica en diversas normativas municipales y autonómicas sin que ello haya supuesto anteriormente un escándalo constitucional.

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