En una semana marcada por la actualidad judicial que rodea al entorno del Gobierno, Sandra León analiza en Socialismo S.L. la situación procesal de Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno se encuentra en un momento crítico ante su inminente paso por el banquillo de los acusados. Según destaca la periodista, las probabilidades de una condena son sumamente elevadas, apoyándose en los datos ofrecidos por Justicia Europa, una de las asociaciones que ejerce la acusación popular. Estadísticamente, más del 92% de los acusados que se someten a un jurado popular terminan siendo condenados, una cifra que ensombrece el futuro legal de Gómez.
La defensa de Begoña Gómez ha presentado recientemente un informe pericial que Sandra León tilda de surrealista. El autor de dicho documento es Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, el análisis revela un dato clave sobre su perfil: González fue secretario general y del consejo de administración de Correos entre 2018 y 2024, nombrado bajo el mandato de Juanma Serrano, íntimo colaborador de Pedro Sánchez. Este vínculo pone en entredicho la imparcialidad de una pericial que busca justificar el uso de recursos públicos para fines privados.
El núcleo del informe pericial intenta normalizar la utilización de personal de Moncloa comparando a Gómez con sus predecesoras. No obstante, el análisis pormenorizado de los casos de Carmen Romero, Ana Botella, Sonsoles Espinosa o Elvira Fernández demuestra que ninguna de ellas utilizó a trabajadores públicos para sus negocios privados. Mientras que Romero mantuvo su labor como profesora de instituto o Botella ejerció como concejal del Ayuntamiento de Madrid, el caso de Begoña Gómez destaca por el uso de Cristina Álvarez, empleada de la unidad de programas de Moncloa, para gestionar patrocinios de su cátedra.


