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El Gobierno vasco dice que dejó a un etarra salir de la cárcel sin custodia policial para ahorrar

El Ejecutivo vasco defiende el permiso concedido al etarra Mikel Otegi, que pudo ir al dentista sin vigilancia.

El Ejecutivo vasco defiende el permiso concedido al etarra Mikel Otegi, que pudo ir al dentista sin vigilancia.
Cárcel de Zaballa, donde está encarcelado Mikel Otegi. | Europa Press

El Gobierno vasco ha justificado este viernes la concesión de un permiso para ir al dentista al etarra Mikel Otegi, encarcelado en la prisión de Zaballa. El etarra pudo salir de la cárcel sin custodia policial, algo que según El Correo indignó entre los agentes.

En una entrevista a Radio Euskadi, el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, ha defendido la legalidad del permiso a Otegi, que está cumpliendo una pena de 24 años por matar a dos ertzainas en 1995.

Según ha dicho, "estos permisos se dan cuando corresponden". "Está claro que está previsto en la Ley y no es una cosa que el Gobierno Vasco se haya inventado ni sea una arbitrariedad", ha asegurado el responsable de prisiones.

Jaime Tapia ha dicho que es una posibilidad "contemplada para aquellas personas que tienen una necesidad de acudir a una consulta médica, previo informe médico, si se determina que esa persona necesita un tratamiento que no puede ser dado por los servicios médicos del centro penitenciario".

"Se valora la situación penal y penitenciaria, la posibilidad de que tenga un riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la pena y, si concurren los requisitos, se le concede un permiso para acudir a la consulta médica. Es una práctica habitual", ha añadido.

También ha señalado que, por otra parte, se hace "con una idea de economía de gasto". "Una patrulla policial tiene determinados gastos y, si esa persona puede acudir sin necesidad de la patrulla y sin medidas de seguridad, pues se adopta. Es lo que se llama autogobierno. Esa persona vuelve cuando ha terminado la consulta", ha insistido.

Según ha precisado, este caso no es "algo excepcional", sino que "es más o menos habitual y forma parte del día a día". "En un Estado de Derecho y un sistema penitenciario que pretende salvaguardar la salud y tiene como finalidad la dignidad y respeto a los derechos humanos, que los privados de libertad puedan acudir a servicios comunitarios y ser atendidos, no debería causar escándalo, sino más bien debería provocar satisfacción que el sistema penitenciario sea humano y protector de la dignidad de las personas", ha remarcado.

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