Asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional piden desde hace años al Ministerio del Interior la dotación de cámaras unipersonales para los agentes, de modo que todas y cada una de sus intervenciones queden almacenadas en un dispositivo para su posterior visionado. Un elemento que proporcionaría más seguridad tanto para los agentes como para los ciudadanos.
Por razones que se desconocen, el Ministerio del Interior se ha venido negando en los últimos años a comprar estos equipos, que también han rechazado algunos de los partidos que han venido apoyando en el Congreso de los Diputados como Podemos, ERC o EH Bildu. La única excepción son las cámaras unipersonales que acompañan a los agentes que llevan pistolas eléctricas o táser, que apenas superan el centenar en todo el territorio nacional.
Esta semana el debate se ha vuelto a cuenta de un polémico episodio en aguas de la ciudad autónoma de Melilla, donde una lancha de la Guardia Civil y una patera colisionaron cerca de la costa provocando que los inmigrantes cayeran al agua. Los propios efectivos del Instituto Armado recogieron uno a uno a los inmigrantes, pero desde los partidos de extrema izquierda ya se ha acusado a los agentes de emplear la violencia contra los inmigrantes.
La asociación mayoritaria del Instituto Armado, JUCIL, ha insistido en ello en las últimas horas. "Con imágenes de las cámaras de los guardias civiles podríamos tener la constancia de lo que sucedió y evitaríamos los términos insidiosos y fuera de tono que han utilizado algunas personas contra los guardias civiles que actuaron en para rescatar y poner a salvo a todas las personas en este incidente. Como así ha sido", dice Agustín Leal, portavoz de la asociación.
"Hemos llegado a pedir que se nos permita portarlas, aunque las compremos nosotros. No se nos ha autorizado. Las imágenes grabadas facilitarían mostrar la versión real de lo ocurrido, sin que nos veamos, una vez más, en la necesidad de desmentir versiones interesadas, o directamente falsificadas con oscuros intereses bien distintos a que se conozca la verdad", ha insistido el responsable de Comunicación de JUCIL.
La asociación profesional ha exigido que sea el Ministerio del Interior y la Dirección General los que asuman la defensa de los agentes en estas circunstancias. "Es triste que deba de ser una asociación profesional, como es JUCIL, la que se ocupe de la defensa de los guardias civiles, en los juicios paralelos en los medios de comunicación e, incluso, en los tribunales, frente a las numerosas acusaciones a las que se enfrentan al cabo del año", han añadido.