La localidad asturiana de Cangas de Onís ha sido el escenario de la última agresión en la calle a un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local intentaron calmar a un ciudadano en estado sumamente alterado, que terminó golpeándolos con todo lo que pudo. Uno de los agentes de la Benemérita terminó siendo hospitalizado tras sufrir un tremendo golpe en la cabeza.
Este hecho ha vuelto a reabrir en las últimas horas el debate sobre la necesidad de dotar a los agentes de los cuerpos estatales de pistolas electrónicas o táser, un sistema no lesivo que paraliza totalmente a un ciudadano que está fuera de sí durante unos segundos sin poner en riesgo la seguridad de los agentes que participan en la intervención. Una dotación que los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan exigiendo años.
También ha traído consigo un segundo debate que hace tiempo que los representantes de los policías llevan denunciando, la pérdida del principio de autoridad por parte de los agentes, es decir, que cada vez más delincuentes emplean la violencia contra los representantes de la autoridad debido a las dificultades legales que estos tienen para desarrollar su trabajo y al menosprecio a su trabajo que realizan algunos sectores de la sociedad.
"Antes, la mera presencia de una patrulla de la Guardia Civil o la Policía Nacional bastaba para reestablecer el orden. Ante el cada vez más deteriorado principio de autoridad, estas situaciones cada vez serán más frecuentes", ha denunciado la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), la asociación profesional que representa en el Consejo del Instituto Armado a los mandos del cuerpo.
Antes, la mera presencia de una patrulla de @guardiacivil @policia bastaba para reestablecer el orden.
— Unión de Oficiales Guardia Civil (@UnionOficiales) August 21, 2023
Ante el cada vez más deteriorado principio de Autoridad, estás situaciones cada vez serán más frecuentes. pic.twitter.com/QwCE2KgMQU
"Cuando el principio de autoridad no existe y los agentes no disponen de los recursos policiales adecuados para reducir a una persona violenta, táser, spray o defensa extensible, se encuentran abandonados y desprotegidos. Violentas intervenciones a las que se enfrentan los guardias civiles de Seguridad Ciudadana sin los medios apropiados. Atados de pies y manos y vendidos jurídicamente", ha mantenido JUCIL, la asociación mayoritaria en el cuerpo.
Cuando el principio de autoridad no existe y los agentes de la Guardia Civil no disponen de los recursos policiales adecuados para reducir a una persona violenta, taser, spray o defensa extensible, se encuentran totalmente abandonados y desprotegidos.
Violentas intervenciones a… pic.twitter.com/MLYUgD3Ac8
— Jucil Nacional (@jucilnacional) August 20, 2023
"Los guardias civiles no pueden servir de escudos humanos ante estas agresiones. Es necesario que cada agente tenga acceso a pistolas táser para tener mayor seguridad en sus actuaciones en la vía pública y así evitar posibles agresiones que terminen en desgracias mayores como las que han ocurrido recientemente en Cangas de Onís", se ha posicionado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la más veterana del cuerpo.
Una polémica similar ya se suscitó a mediados del pasado mes de junio, cuando un agente de la Policía Nacional perdió la vida al intentar mediar en una violenta riña vecinal en la localidad jienense de Andújar.
Marlaska tiene paralizada su distribución
El Ministerio del Interior comenzó en 2019 su plan para dotar a las Fuerzas de Seguridad del Estado de pistolas eléctricas. El modelo adquirido es Táser 7, uno de los últimos modelos de la compañía Axon, líder mundial en este tipo de dispositivos. De hecho, su marca comercial Táser ya ha quedado como nombre común para este tipo de sistemas, como ha pasado en el mercado con otros productos de uso común para la ciudadanía como clínex o tupper ware.
La Policía Nacional y la Guardia Civil ya cuenta con un par de centenares de unidades entre ambos cuerpo, pero su distribución está bloqueada por el departamento de Fernando Grande Marlaska desde hace un par de años por cuestiones políticas, debido al rechazo frontal de los que han sido los principales aliados del PSOE en el Congreso de los Diputados, como son Podemos, ERC y EH Bildu.