La reunión de Yolanda Díaz en Bruselas con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha causado indignación en capas fiscales y judiciales. "Yolanda Díaz está retorciendo el Código Penal para reunirse con Puigdemont y podría ser hasta inhabilitada por ello", señala un fiscal.
La postura alude al artículo 408 del Código Penal, que castiga a toda "autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables".
Las mismas fuentes asumen que no se hará nada pero señalan que ese tipo de comportamientos deberían ser analizados jurídicamente y advierten de que se están retorciendo de forma sistemática las leyes para llevar a cabo la negociación de investidura de Pedro Sánchez.
La reunión de una vicepresidenta con Puigdemont "podría llegar a barajarse si no debe llevar aparejada una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años", tal y como señala el 408 del Código Penal, señala otra fuente judicial.
La indignación crece en las capas jurídicas por el comportamiento de abierta deslegitimación de las instituciones del Estado en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. "La visita de una vicepresidenta para reunirse con un prófugo de la Justicia es un acto inaudito. Representa a un Gobierno que tiene la obligación de hacer cumplir la ley y negocia con el responsable de Junts su incumplimiento", señala la misma fuente fiscal.
Las palabras hacen alusión a un artículo muy concreto del Código Penal. Se trata del artículo 408. Ese artículo señala que "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Tanto miembros de la capa fiscal como judicial señalan que, evidentemente, esa interpretación del artículo 408 puede ser discutible, "por cuanto es dudoso que una actitud u otra de Yolanda Díaz sería complicado que ayudase a la aplicación de la ley sobre Puigdemont". Pero ambas fuentes coinciden en señalar que "lo que está claro es que todas las interpretaciones de la ley no pueden ser las más favorables al Gobierno y sus intereses electorales porque, en ese caso, se estaría rompiendo igualmente la obligada neutralidad de los funcionarios".
Una palabra sale de boca de muchos de los críticos: "Obscenidad". Obscenidad en la tramitación de unas negociaciones con Junts, ERC, Bildu o PNV centradas en desautorizar la función de aplicación estricta de la ley por parte de la Fiscalía, o la tramitación judicial de los jueces o el sentido obvio de la Constitución.
Otras fuentes fiscales subrayan "la mala imagen que da España en Europa cuando una vicepresidenta del Gobierno se reúne con un prófugo de la justicia. Yolanda Díaz ha dejado al Supremo a los pies de los caballos. Además, el Ejecutivo del que ha formado parte ya eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación para beneficiar a los golpistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".
¿Lo sabían en Moncloa?
Todo ello ha surgido a raíz de las últimas negociaciones de los enviados de Sánchez con PNV, Bildu, ERC o Junts. Pero, sobre todo, tras el pistoletazo oficial de las negociaciones con el fugado Carles Puigdemont para la investidura del líder socialista Pedro Sánchez por medio de la vicepresidenta del Gobierno y cabeza visible de Sumar, Yolanda Díaz.
En Moncloa niegan, pese a todo, cualquier relación de la Presidencia del Gobierno con el viaje de Yolanda Díaz y aseguran que fueron advertidos el pasado domingo por la noche, a modo de hechos consumados, de que la vicepresidenta se desplazaría a Bélgica para encontrarse con Puigdemont.
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